El asesor jurídico del Instituto Nacional Agrario, INA, Marco Ramiro Lobo, aseguró ayer que los 240 títulos de propiedad que habían sido adjudicados por esa institución antes de que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, declarara la inconstitucionalidad del decreto 18-2008, quedan firmes.
“La Ley de Justicia Constitucional protege a los grupos campesinos que ya tienen sus títulos de propiedad sobre una base de 30,000 manzanas distribuidas en todo el país”, dijo el funcionario. Además, la ley no tiene carácter retroactivo, de manera que las cooperativas campesinas y los dueños legítimos de las propiedades pueden estar tranquilos porque los trámites de indemnización iniciados en la Secretaría de Finanzas continuarán.
El resto de expedientes, unos 160, sí quedan paralizados a la espera del nuevo decreto que aprobará el Congreso Nacional que pretende sustituir al 18-2008 que la CSJ declaró inconstitucional porque violaba, supuestamente, garantías constitucionales. Los expedientes que no fueron titulados suman unas cuarenta mil manzanas, dijo Lobo. La mayoría de las tierras fueron ocupadas por los campesinos desde hace cinco, diez, quince y hasta treinta años, pero por desidia de las autoridades del INA, especialmente del Consejo Nacional Agrario, los expedientes fueron engavetados creando lo que se llama mora agraria.
El gobierno de Manuel Zelaya remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley para legalizar la expropiación seguida de indemnización pero la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, Fenagh, introdujo un recurso de inconstitucionalidad. La Sala de lo Constitucional le dio la razón a los terratenientes declarando la inaplicabilidad del decreto creando un clima de tensión en el agro. El Congreso retomó el caso y conoció de un nuevo decreto, sólo que éste ha sido debatido con la misma Fenagh y ya hay prácticamente acuerdos.
Mora agraria
Un miembro de la Comisión Especial que estudia el caso dijo a que casi todo está listo para presentar al pleno el dictamen que no solamente eliminará la mora agraria, sino que pretende autorizar al INA para que recupere unas cuatro mil manzanas de su propiedad que están en poder de particulares.
Los propietarios legítimos de las tierras ya aceptaron venderlas, situación que mantiene tranquilos a los campesinos porque no serán desalojados. Por otro lado, la Fenagh se ha comprometido a no introducir otro recurso de inconstitucionalidad porque entonces los esfuerzos por dar paz en el agro quedarían en vano, según las fuentes consultadas.
El diputado pinuista Toribio Aguilera informó que el pago de las indemnizaciones se harán con base en el siguiente esquema: por los primeros 500,000 lempiras el pago será en efectivo; de 500,000 a cinco millones los terratenientes recibirán un 40% en efectivo y un 60% en bonos agrarios en condiciones de mercado y de cinco millones en adelante habrá un desembolso en efectivo del 25% y un 75% en bonos.
Estos bonos podrán ser vendidos al sistema financiero nacional, de tal manera que los propietarios de las tierras podrán tener acceso rápido al dinero.
Cococh rechaza a Rafael Alegría
Tegucigalpa. El dirigente del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras Cococh, Cornelio Chirinos, acusó al ex diputado Rafael Alegría de haberlos utilizado para recibir fondos del extranjero.
Según Chirinos, Alegría ha pedido en nombre del Cococh fondos a algunas agencias de cooperación para “vivir holgadamente”. “Nosotros tenemos documentación oficial que no es ni fotocopia y nos da la evidencia que lo comprueba”, sostuvo. Además, expresó que el ex diputado de la UD “no es el dirigente, nunca ha sido el dirigente campesino, ya que está en una ONG que no tiene ni personalidad jurídica y es con la que él saca la cara”. Acusó que alegría, a quien “le hemos quitado la facultad de representarnos, nos quiere dividir por sus intereses particulares. No es correcto lo que el amigo está diciendo ante los cooperantes, a quienes se presenta como vocero del campesinado hondureño”, apuntó.
