Tegucigalpa, Honduras
Roy Urtecho, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), pidió este lunes a la Secretaría de Seguridad que asigne agentes de investigación exclusivos a la Unidad de Muertes Violentas del Ministerio Público.
Urtecho cuestionó la impunidad en la que se encuentran los homicidios de miles de hondureños, incluyuendo los crímenes contra los profesionales del derecho que según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), el 97% de las muertes violentas de abogados siguen impunes.
El titular del CAH expresó este día que las nuevas autoridades del Ministerio Público no van a lograr esclarecer los casos, 'porque si no se les asigna el presupuesto debido y agentes de investigación exclusivos no lo van a lograr, por eso es necesaria la permanencia de un policía de investigación las 24 horas bajo la dirección de un fiscal'.
El exfiscal adjunto es consciente que no puede haber un policía asignado a cada uno de los 16,624 profesionales del derecho que ejercen en Honduras, 'pero el Estado debe garantizar con una investigación real y efectiva, cuando asesinan a un ciudadano. El investigador va a llevarle las pruebas al fiscal y el fiscal lo va introducir en los tribunales de justicia para que haya una sentencia condenatoria y que estos hechos no queden impunes'.
Para Urtecho el Gobierno y entes de derechos humanos están obligados a luchar por un mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos y operadores de justicia, 'así como el modelo de Colombia, de protección para aquellos ciudadanos que está en riesgo su vida y que se ponga a disposición del Gobierno y del Estado para que en una situación de riesgo se le dé la protección debida'.
Opina fiscal adjunto
Rigoberto Cuéllar, actual fiscal adjunto, consideró que tanto jueces, fiscales y abogados, deben mantener sus precauciones.
'Jueces, fiscales y abogados deben tener como primera línea de defensa, su propio profesionalismo en la actuación de sus deberes. Si un fiscal se mantiene en realidad profesional, objetivo, técnico en la manera cómo maneja sus causas, sin personalizar ninguna de ellas, creemos que esa es la primera línea de protección que puede tener un profesional que ejerce un cargo como en el Ministerio Público', expresó.
Pero aseguró que existen casos comprobados en los que las amenazas contra operadores de justicia ameritan algún tipo de protección especial pero es difícil dar una protección personalizada a todos los fiscales que hay a nivel nacional.
Cuéllar expuso que las nuevas autoridades del Ministerio Público no han quitado la protección con la que ya contaban varios fiscales, pero aseguró que esa protección no es sostenible pero que por la naturaleza de su trabajo, es normal que sean amenazados varios operadores de justicia del Ministerio Público.
'Es normal que un fiscal que desempeña bien su trabajo sea amenazado al menos una vez al mes; pero en la medida en la que uno se mantiene profesional, se mantiene ético en el desempeño de sus funciones, insisto, es la primera línea de defensa para cualquier funcionario'.
