Los presidentes Porfirio Lobo, de Honduras; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Mauricio Funes, de El Salvador conocerán la situación del cumplimiento de la delimitación del Golfo de Fonseca el próximo 4 de marzo, confirmó el canciller Arturo Corrales.
Los mandatarios de los tres países se aprestan a revisar la explotación, uso y manejo de la zona del Golfo de Fonseca y conocerán un informe sobre el estado de cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 1992, respecto al manejo de las zonas no delimitadas.
Dicho informe, en la etapa final de su preparación, fue solicitado el pasado 4 de diciembre por los tres Presidentes de la región a los cancilleres de cada nación, luego de que Honduras solicitara la intervención del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ante el incumplimiento del fallo.
El Gobierno hondureño planteó la solicitud tras documentar al menos cuatro incidentes el año anterior por hostigamiento en el Golfo de Fonseca por parte de patrullas de El Salvador y Nicaragua en contra de la Fuerza Naval de Honduras.
“Los Presidentes reunidos en Managua instruyeron a los cancilleres para que el 4 de marzo presentáramos un informe sobre la implementación de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Ese trabajo con mucho agrado lo hemos venido realizando, estamos en la etapa final de la preparación de ese informe; así que estamos muy seguros de que vamos a alcanzar la meta del 4 de marzo para presentarlo a los señores Presidentes”, dijo Corrales.
Fallo
La Corte Internacional de Justicia emitió un fallo en 1992 sobre la disputa de 446.5 kilómetros de territorio fronterizo entre Honduras y El Salvador y espacios marítimos en el Golfo de Fonseca. En tierra firme se les concedieron 311 kilómetros cuadrados a Honduras y 134.9 kilómetros cuadrados a El Salvador.
Asimismo, se establecieron porciones de mar para los tres países ribereños del Golfo al asignarles tres millas náuticas a partir de la línea costera a cada uno. El fallo concedió a Honduras las islas de El Tigre y Conejo y a El Salvador Meanguera y Meanguerita.
En la sentencia se estableció que el área de la bocana y el uso de la zona de mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental se tenían que resolver mediante una negociación.
