Las medidas sustitutivas de cárcel se mantienen a favor del ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, Marcelo Chimirri, aunque ayer recibió auto de prisión por almacenamiento de armas prohibidas.
La jueza de letras de lo penal de Tegucigalpa, Nelly Martínez, citó a las partes para las 3:00 de la tarde y les dio a conocer la resolución.
En sus conclusiones, dadas la tarde del viernes 18 de abril, la Fiscalía arguyó que no hay autorización escrita que muestre que el presidente Manuel Zelaya Rosales ordenó que estas armas estuvieran en poder del ex funcionario para su protección.
En las inspecciones hechas al Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas, Calffaa, se constató que ninguna de las armas incautadas a Chimirri estaba en el inventario castrense.
Para recordar
Las armas fueron sacadas de una caja fuerte cuya combinación sólo la tenía Chimirri, si hubiesen sido para protección hubieran estado en manos de elementos del ejército, planteó la Fiscalía.
Según las actas de decomiso, la combinación de la caja donde estaban las armas se obtuvo por vía telefónica. En una constancia escrita, el ex comandante del Calffaa, el coronel Arnaldo Osorio, depuso que las armas le fueron proporcionadas a Chimirri para su seguridad, pero en el mismo documento se establece que las armas no están en ningún inventario del Calffaa, ni siquiera hay evidencia de salida de las armas en los libros de bodega o en libros de novedades del Calffaa, evidenció la Fiscalía.
Las fiscales Rosaura Bernárdez y Patricia Domínguez también presentaron a la jueza las armas incautadas: una subametralladora 30 semiautomática y dos ametralladoras Thompson, este armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Los defensores Marlon Duarte y Rosel Barralaga, por su parte, alegaron que Chimirri tenía estas armas porque sufría amenazas contra su vida.
Como evidencia de descargo llevaron una denuncia que Chimirri interpuso, por amenazas en su contra.
Asimismo, la defensa tenía como descargo la declaración del ex comandante y arguyó que era necesaria la protección del ex funcionario, que incluso era visitado por el presidente Zelaya Rosales, en su residencia en el municipio de Valle de Ángeles.
Después de las conclusiones, la jueza suspendió la audiencia y citó a las partes para ayer, cuando dio a conocer su decisión.
Otras medidas
En la audiencia de ayer no estuvo presente el imputado. Tiene como medida cautelar presentarse un día a la semana al juzgado, debe marcar con su dedo en un aparato que registra digitalmente su huella. Además, no puede salir del país. El jueves próximo se le vence el tiempo hábil a la defensa para apelar. La tarde de ayer, tras salir de la audiencia, el defensor privado Rosel Barralaga anunció que apelarán porque el juzgado no valoró la prueba de la defensa. El caso pasará a la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán y podría prolongarse con un amparo, tal como ha ocurrido en otros casos. El defensor señaló que esta decisión es política. Este allanamiento se hizo ilegalmente en casa de Marcelo, señaló.
Esta causa estuvo paralizada en la Corte Primera de Apelaciones, que conocía de una apelación contra la carta de libertad definitiva otorgada por Martínez. La carta de libertad fue otorgada cuando la jueza declaró con lugar una nulidad en la que se alegaba la contaminación en el embalaje de las armas, pero Apelaciones revocó la decisión de Martínez y ordenó continuar con la audiencia inicial. La defensa se fue en amparo para frenar la audiencia inicial, pero la Corte Suprema admitió la demanda sin suspensión del acto impugnado.
