Cinco días después de ser desalojados, miembros de la iglesia Aposento Alto recuperan su templo en la colonia Pedregal, Tegucigalpa.
La pastora Julia Lastenia de Cálix recibió de manos de los policías las llaves del templo que ha ha estado en litigio.
El viernes 2 de mayo, la iglesia fue desalojada, pero poco después, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo y suspendió el desalojo.
Esta resolución judicial, tomada por unanimidad de los magistrados, fue interpretada por los fieles como una señal divina de esperanza en medio del conflicto legal que tienen con la congregación Asambleas de Dios.
El conflicto comenzó en 2021, tras la muerte del pastor Luis Alberto Cálix, fundador y líder histórico de Aposento Alto.
Su fallecimiento dejó un vacío de liderazgo que rápidamente generó divisiones internas.
Desde entonces, se formaron dos grupos: uno que busca continuar con la independencia administrativa de la iglesia y otro que cuenta con el respaldo de las Asambleas de Dios, que reclama derechos sobre el templo.
Aunque la decisión de la CSJ no resuelve de forma definitiva el conflicto, sí ordena la suspensión provisional del acto reclamado, lo que significa que se detienen los efectos legales del desalojo mientras se analiza en profundidad el caso.
Esta suspensión busca evitar lo que en derecho se llama “daño irreparable”: una afectación que, de ejecutarse, no podría ser corregida ni reparada, aunque posteriormente se dicte una sentencia favorable.
La medida busca prevenir posibles daños jurídicos irreversibles mientras la Corte examina si se vulneraron derechos fundamentales. Sin embargo, dieron a los miembros la oportunidad de quedarse con la infraestructura.
Según la defensa de Aposento Alto, en el proceso se habrían violado derechos constitucionales relacionados con la representación legal, la administración de bienes y el patrimonio eclesiástico, es decir, los recursos y propiedades pertenecientes a la iglesia.
Con esta decisión, la Sala considera válido el reclamo inicial y da paso a un análisis jurídico más profundo sobre la disputa, lo que representa un avance en el proceso.
Ambas partes deberán ahora esperar el fallo definitivo, que podría establecer precedentes importantes para resolver futuros conflictos entre organizaciones religiosas en el país.
