Los diputados convirtieron la sesión en un mitin político, al aprobar un decreto que autoriza al Poder Ejecutivo hacer una transferencia de 39 millones de lempiras al Patronato Nacional de la Infancia, Pani.
El objetivo de estos fondos es pagar a los proveedores las deudas que fueron contratadas por la ex directora Rosario Godoy de Osejo, para ejecutar el proyecto calzando y vistiendo a los niños de Honduras.
Fue un mitin porque los congresistas aprovecharon la presencia en la platea del Congreso de unos 50 proveedores, en su mayoría pequeños y microempresarios, a quienes el presidente del Legislativo, Roberto Micheletti, presentó a los diputados como “gente humilde que necesita del apoyo de todas las bancadas para que reciban su pago”.
Diputados de todos los partidos aprovecharon para hacer política con discursos de apoyo a una iniciativa que hace unas semanas provocó la suspicacia, especialmente de los nacionalistas, quienes exigieron se castigue a Godoy de Osejo por el uso irregular de los fondos del Pani.
La ex directora es investigada por la Fiscalía contra la Corrupción, debido al supuesto mal manejo del presupuesto de la entidad gubernamental.
Congreso de noche
La Ley de transparencia de acceso a la información pública que -se dijo- sería aprobada por consenso general de la Cámara Legislativa, terminó siendo cuestionada al momento de su aprobación por los diputados al Congreso Nacional.
La discusión y aprobación se realizó en medio de la controversia, en dos sesiones de la cámara, en las que hubo sendos reclamos por los cambios al dictamen, las posiciones radicales de algunos legisladores y la impotencia de la presidenta en funciones, Lizzy Flores, de controlar las voces disonantes de algunos legisladores y, finalmente, porque el Instituto de Acceso a la Información Pública, tal como es concebido en la ley -según los críticos- será un ente inoperante, como lo son actualmente el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público y la misma Corte Suprema de Justicia.
Tras largas discusiones se aprobó que el presidente de la República sea el encargado de proponer el comisionado que dirigirá este instituto, cuestión que para los diputados de los opositores UD y Pinu “significa que no habrá libertad para requerir la información que el pueblo necesita, ya que éste controlará la información”.
Quedó en firme el concepto de “motivo de reserva” aquella información pública que ponga en riesgo o perjudique “el interés protegido por la Constitución y las leyes”. La Ley de acceso se propuso con la idea de que cualquier ciudadano apelara a los ministerios y solicitara información sobre el presupuesto, cómo se gasta el dinero, cuánto vale una obra, quiénes son los contratistas, pero en la forma en que se aprobó no funcionará, vaticinó el diputado udeísta César Ham.
