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Anular la CRSP viola acuerdo con la OEA

  • 22 enero 2014 /

La disolución se aprobó estando vigente un tratado de cooperación.

Tegucigalpa, Honduras

En sus últimas sesiones, el Congreso Nacional habría cometido un error al decretar la anulación de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) sin antes denunciar un tratado internacional de cooperación para ese órgano.

Los comisionados de la CRSP analizaban ayer las implicaciones de que el Legislativo aprobara el decreto para desaparecer ese organismo pese a que se mantiene en vigencia un acuerdo de asistencia entre esa institución y la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Primero se tenía que denunciar (anular) el acuerdo y luego se podía anular la Comisión y estamos analizando los alcances de ese decreto”, dijo el comisionado de la CRSP, Víctor Meza.

El funcionario consideró que el Congreso Nacional pudo haber incurrido en este error debido a la “decretorragia” que hubo este mes antes de que finalizara el período legislativo 2010-1014, esto en referencia a la cascada de decretos aprobados a “matacaballo”.

El acuerdo de cooperación con la OEA para ayudar financieramente a la CRSP se firmó el 18 de mayo de 2012.
Meza dijo que no podía emitir más juicios sobre la disolución de la CRSP porque no conoce el decreto en mención, pero que, al tenerlo, junto al resto de comisionados lo analizarán y así podrán pronunciarse.

Factura

Miembros de la CRSP se pronunciaron en contra de la creación de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) que creó el Congreso Nacional y esto habría generado malestar entre los oficialistas exdiputados nacionalistas, incluyendo el ahora presidente electo Juan Orlando Hernández, según fuente del Gobierno.

Esta postura de la CRSP habría sido uno de los motivos por los cuales el anterior CN decidiera desaparecer a la CRSP.
La creación de la Policía Militar significó, de acuerdo con el comisionado de la CRSP, Matías Funes, un retroceso porque se estaba militarizando la seguridad civil.

La CRSP fue creada en febrero de 2012 para que dirigiera la depuración de los operadores de justicia, principalmente de la Policía Nacional.