Tegucigalpa, Honduras.
El expresidente de Guatemala Álvaro Colom fue designado por la Organización de Estados Americanos ( OEA) como mediador en el conflicto entre el Congreso Nacional y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad ( Maccih) provocado por la reforma a la Ley del Presupuesto General.
Colom también será intercesor a fin de que se logren las reformas electorales que sectores políticos y la misma OEA han vuelto a reclamar luego de las elecciones de noviembre pasado.
“Tenemos la certeza que el expresidente Álvaro Colom impulsará las conversaciones con apego a los principios de la Carta Democrática Interamericana, para así lograr el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y las urgentes reformas electorales que #Honduras reclama”, escribió el secretario general de la OEA en su Twitter.
Y el Gobierno contestó por la misma vía: “Nos sentimos complacidos por la designación de Álvaro Colom como el representante especial para dirigir la mesa de trabajo entre el Gobierno de #Honduras y la @OEA_oficial”.
El presidente Hernández mandó una carta a Almagro el lunes 29 de enero en la que le expresa que las diferencias para la aplicación del convenio de creación de la Maccih deben resolverse según lo dispone ese acuerdo y, además, le pidió que la OEA retomara las mesas de diálogo “sobre temas de interés mutuo”.
Hernández no hizo mención directa de que las reformas electorales sean parte de la mediación.
Ese mismo día, Almagro le contestó a Hernández en otra nota en la que coincidía en que en el convenio de creación de la Maccih se establecen los mecanismos de solución de controversias, y ese debería ser el instrumento que se tenía que aplicar.
Y a renglón seguido le remarcó en la carta que procedería a establecer “los canales de trabajo conducentes a las acciones para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país y para las urgentes reformas electorales”.
Maccih versus Congreso
La Maccih fue creada el 19 de enero de 2016 mediante un convenio entre la OEA y el Gobierno de Honduras para que hiciera un acompañamiento al Ministerio Público (MP) en la investigación de casos de redes de corrupción.
El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, calificó como un “pacto de impunidad” la reforma aprobada a la Ley Orgánica del Presupuesto que suspende las investigaciones penales sobre manejo de recursos públicos mientras el Tribunal Superior de Cuentas ( TSC) no haya culminado auditorías especiales en un plazo de tres años de los períodos 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.
A juicio de Jiménez Mayor, esta reforma, aprobada el 18 de enero de 2018, en la última sesión del saliente Congreso Nacional, le elimina la atribución del Ministerio Público de investigar.
Los primeros beneficiados con la reforma fueron cinco parlamentarios acusados en el caso la Red de Diputados por desviar dinero del Fondo Departamental a cuentas particulares por medio de una ONG.
La magistrada Alma Guzmán ordenó, en aplicación de la reforma, el archivo del proceso hasta que el Tribunal Superior de Cuentas haga la auditoría correspondiente.
Varios diputados del Partido Nacional consideraron que el vocero de la Maccih se ha extralimitado de sus funciones al pedir la derogación de la modificación de la ley presupuestaria, pues la Maccih fue creada solo como órgano asesor del Ministerio Público.
El jefe de esta misión viajó el domingo pasado a Washington, Estados Unidos, a poner al tanto al secretario de la OEA de las implicaciones de la reforma y del avance de otros casos de corrupción que se investigan.
Dudas sobre el convenio
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos consideró que el convenio de la Maccih no será suficiente para dirimir el conflicto con el Congreso porque este instrumento no tiene un procedimiento claro para la solución de controversias.
El acuerdo, dice Barrientos, menciona que ante una controversia por la interpretación o aplicación de la misma, las partes, o sea el Gobierno y la OEA, deberán buscar una solución mediante una negociación y esto, asevera, no es un mecanismo claro.
También opinó que no hay controversia producto de la reforma, ya que esta no le quitó atribuciones a la Maccih.
“La Maccih solo asesora, no investiga, por lo que no hay controversia por la no aplicación del convenio; el agraviado es el Ministerio Público porque se le quitan funciones”, expresó Barrientos
El abogado penalista Félix Ávila explicó que la función de la Maccih debería ser aconsejar al Ministerio Público para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Confusión
En algunos generadores de opinión pública había confusión sobre el papel de mediador que tendrá el expresidente guatemalteco.
El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, consideró que Colom viene a mediar “por los dos temas”, es decir, la crisis por la reforma presupuestaria y lo relacionado con las reformas electorales; pero a juicio de Omar Rivera, de la Alianza por la Paz y la Justicia, Colom llega solo a ser gestor de un arreglo del conflicto entre el Congreso y la Maccih.
Las reformas electorales son parte de los temas que demandan sectores de la oposición en el Diálogo Nacional promovido por el Gobierno para resolver la crisis postelectoral.
Entre las reformas políticas que se han demandado se encuentran la segunda vuelta electoral y el voto electrónico.
El Gobierno solicitó a la Naciones Unidas que nombre un mediador para el Diálogo, pero no a la OEA.
El expresidente de Guatemala Álvaro Colom fue designado por la Organización de Estados Americanos ( OEA) como mediador en el conflicto entre el Congreso Nacional y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad ( Maccih) provocado por la reforma a la Ley del Presupuesto General.
Colom también será intercesor a fin de que se logren las reformas electorales que sectores políticos y la misma OEA han vuelto a reclamar luego de las elecciones de noviembre pasado.
“Tenemos la certeza que el expresidente Álvaro Colom impulsará las conversaciones con apego a los principios de la Carta Democrática Interamericana, para así lograr el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y las urgentes reformas electorales que #Honduras reclama”, escribió el secretario general de la OEA en su Twitter.
Y el Gobierno contestó por la misma vía: “Nos sentimos complacidos por la designación de Álvaro Colom como el representante especial para dirigir la mesa de trabajo entre el Gobierno de #Honduras y la @OEA_oficial”.
El presidente Hernández mandó una carta a Almagro el lunes 29 de enero en la que le expresa que las diferencias para la aplicación del convenio de creación de la Maccih deben resolverse según lo dispone ese acuerdo y, además, le pidió que la OEA retomara las mesas de diálogo “sobre temas de interés mutuo”.
Hernández no hizo mención directa de que las reformas electorales sean parte de la mediación.
Ese mismo día, Almagro le contestó a Hernández en otra nota en la que coincidía en que en el convenio de creación de la Maccih se establecen los mecanismos de solución de controversias, y ese debería ser el instrumento que se tenía que aplicar.
Y a renglón seguido le remarcó en la carta que procedería a establecer “los canales de trabajo conducentes a las acciones para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país y para las urgentes reformas electorales”.
| Diputados del Congreso Nacional se reunieron con magistrados del Tribunal Superior de Cuentas para exponer los alcances de la reforma realizada y el papel que les toca.
|
La Maccih fue creada el 19 de enero de 2016 mediante un convenio entre la OEA y el Gobierno de Honduras para que hiciera un acompañamiento al Ministerio Público (MP) en la investigación de casos de redes de corrupción.
El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, calificó como un “pacto de impunidad” la reforma aprobada a la Ley Orgánica del Presupuesto que suspende las investigaciones penales sobre manejo de recursos públicos mientras el Tribunal Superior de Cuentas ( TSC) no haya culminado auditorías especiales en un plazo de tres años de los períodos 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.
A juicio de Jiménez Mayor, esta reforma, aprobada el 18 de enero de 2018, en la última sesión del saliente Congreso Nacional, le elimina la atribución del Ministerio Público de investigar.
Los primeros beneficiados con la reforma fueron cinco parlamentarios acusados en el caso la Red de Diputados por desviar dinero del Fondo Departamental a cuentas particulares por medio de una ONG.
La magistrada Alma Guzmán ordenó, en aplicación de la reforma, el archivo del proceso hasta que el Tribunal Superior de Cuentas haga la auditoría correspondiente.
Varios diputados del Partido Nacional consideraron que el vocero de la Maccih se ha extralimitado de sus funciones al pedir la derogación de la modificación de la ley presupuestaria, pues la Maccih fue creada solo como órgano asesor del Ministerio Público.
El jefe de esta misión viajó el domingo pasado a Washington, Estados Unidos, a poner al tanto al secretario de la OEA de las implicaciones de la reforma y del avance de otros casos de corrupción que se investigan.
Dudas sobre el convenio
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos consideró que el convenio de la Maccih no será suficiente para dirimir el conflicto con el Congreso porque este instrumento no tiene un procedimiento claro para la solución de controversias.
El acuerdo, dice Barrientos, menciona que ante una controversia por la interpretación o aplicación de la misma, las partes, o sea el Gobierno y la OEA, deberán buscar una solución mediante una negociación y esto, asevera, no es un mecanismo claro.
También opinó que no hay controversia producto de la reforma, ya que esta no le quitó atribuciones a la Maccih.
“La Maccih solo asesora, no investiga, por lo que no hay controversia por la no aplicación del convenio; el agraviado es el Ministerio Público porque se le quitan funciones”, expresó Barrientos
El abogado penalista Félix Ávila explicó que la función de la Maccih debería ser aconsejar al Ministerio Público para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Confusión
En algunos generadores de opinión pública había confusión sobre el papel de mediador que tendrá el expresidente guatemalteco.
El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, consideró que Colom viene a mediar “por los dos temas”, es decir, la crisis por la reforma presupuestaria y lo relacionado con las reformas electorales; pero a juicio de Omar Rivera, de la Alianza por la Paz y la Justicia, Colom llega solo a ser gestor de un arreglo del conflicto entre el Congreso y la Maccih.
Las reformas electorales son parte de los temas que demandan sectores de la oposición en el Diálogo Nacional promovido por el Gobierno para resolver la crisis postelectoral.
Entre las reformas políticas que se han demandado se encuentran la segunda vuelta electoral y el voto electrónico.
El Gobierno solicitó a la Naciones Unidas que nombre un mediador para el Diálogo, pero no a la OEA.
