21/02/2024
01:43 AM

Altos funcionarios, los que más amenazan a periodistas en Honduras

  • 11 febrero 2024 /

Conforme a datos proporcionados por C-Libre, 2023 cerró con 122 alertas de amenazas a periodistas, de estas, 40 fueron por parte de altos funcionarios; es decir, el 32%

San Pedro Sula, Honduras.

La comisión especial para investigar, analizar y promover soluciones a la libertad de expresión y las radios comunitarias, que para muchos sectores es más una “ley mordaza” del Legislativo, ha encontrado una avalancha opositora.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) avala con cifras que hay intenciones de dar un zarpazo a la libertad de prensa y expresión.

La organización revela que convenientemente cuando se promueve esta comisión, un alto porcentaje de amenazas a periodistas proviene de altos funcionarios y otros servidores públicos con alguna cuota de poder en Honduras.

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De acuerdo con datos proporcionados por C-Libre, 2023 cerró con 122 alertas de amenazas a periodistas, de estas, 40 fueron por parte de altos funcionarios; es decir, el 32%.

“Creen que persiguiendo al periodista, amenazando al periodista, amenazando a los medios van a detener el derecho de la libertad de expresión y derecho de prensa”, protestó Saúl Bueso, director de C-Libre.

En lo que va de 2024 ya son 22 las alertas activadas por amenazas a los comunicadores, lo que indica que este 2024 cada dos días un periodista es amenazado.

“Las autoridades deben replantear estas actitudes autoritarias y volver a actitudes democráticas. Demostremos que es un Gobierno democrático dirigido por demócratas”, retó Bueso.

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Un ejemplo de abuso y autoritarismo es que Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, bloqueó de sus redes a medios como El Heraldo por no informar de acuerdo con sus intereses. Para diversos sectores de la sociedad civil y diputados, la recién nombrada comisión solo busca poner un bozal a la actividad periodística y los medios de comunicación.

Otro intento que involucra a la prensa es la “ley de escuchas”, que aún no es aprobada en el CN y con la que se pretende intervenir llamadas, videollamadas, mensajes de voz y texto y otras direcciones IP.