La comisión especial para investigar, analizar y promover soluciones a la libertad de expresión y las radios comunitarias, que para muchos sectores es más una “ley mordaza” del Legislativo, ha encontrado una avalancha opositora.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) avala con cifras que hay intenciones de dar un zarpazo a la libertad de prensa y expresión.
La organización revela que convenientemente cuando se promueve esta comisión, un alto porcentaje de amenazas a periodistas proviene de altos funcionarios y otros servidores públicos con alguna cuota de poder en Honduras.
De acuerdo con datos proporcionados por C-Libre, 2023 cerró con 122 alertas de amenazas a periodistas, de estas, 40 fueron por parte de altos funcionarios; es decir, el 32%.
“Creen que persiguiendo al periodista, amenazando al periodista, amenazando a los medios van a detener el derecho de la libertad de expresión y derecho de prensa”, protestó Saúl Bueso, director de C-Libre.
En lo que va de 2024 ya son 22 las alertas activadas por amenazas a los comunicadores, lo que indica que este 2024 cada dos días un periodista es amenazado.
“Las autoridades deben replantear estas actitudes autoritarias y volver a actitudes democráticas. Demostremos que es un Gobierno democrático dirigido por demócratas”, retó Bueso.
Un ejemplo de abuso y autoritarismo es que Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, bloqueó de sus redes a medios como El Heraldo por no informar de acuerdo con sus intereses. Para diversos sectores de la sociedad civil y diputados, la recién nombrada comisión solo busca poner un bozal a la actividad periodística y los medios de comunicación.
Otro intento que involucra a la prensa es la “ley de escuchas”, que aún no es aprobada en el CN y con la que se pretende intervenir llamadas, videollamadas, mensajes de voz y texto y otras direcciones IP.
