El Juzgado de Letras de lo Penal no se pronunciará hasta la próxima semana sobre la admisión del requerimiento contra el alcalde Rodolfo Padilla.
La jueza Argentina Valladares será la encargada de pronunciarse en el caso donde también se acusa a los ex funcionarios Serapio Umanzor y Marco Antonio Bermúdez; y al todavía auditor municipal, Luis Alonso López.
El alcalde está acusado por falsificación de títulos valores y malversación de caudales públicos; Bermúdez por uso de documentos públicos falsos, falsificación de títulos valores, malversación de caudales y sustracción de documentos públicos; Serapio Umanzor por uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos y Luis López por abuso de autoridad, omisión de los deberes de los funcionarios, sustracción de documentos públicos, falsificación de documentos y cooperador necesario en el delito de malversación.
La acusación es por malversar 4,256,500 lempiras.
Pesquisas
Según las investigaciones de la Fiscalía y personal del Tribunal Superior de Cuentas, los hechos ocurrieron los primeros meses del 2006.
En una reunión con representantes de la alcaldía, el TSC recomendó a las autoridades municipales tomar cartas en el asunto y fue cuando el ex tesorero Bermúdez dejó de laborar para la alcaldía pero siguieron Umanzor y Luis López.
Umanzor renunció a fin de año pero López sigue trabajando, el alcalde dijo ayer que tomarán medidas contra el funcionario.
Con el afán de mejorar la administración y lograr mayor transparencia la Corporación Municipal nombró un comisionado municipal, un comité de transparencia y una unidad de contrataciones que está a cargo de el ex coordinador de fiscales, Walter Menjívar.
La presidenta de la comisión de transparencia, Ines Cubero, indicó que no pueden emitir un informe porque al revisar el requerimiento se comprueba que los hechos ocurrieron antes de que ellos fueran nombrados por la Corporación Municipal.
Cubero garantizó que mientras ellos integren la comisión dan la garantía a los sampedranos que no ocurrirán hechos similares.
Reaccionan
El asesor municipal ad honorem y abogado Rodolfo Dumas, indicó que el alcalde ha reiterado que encontró un sistema de administración arcaico y viejo que se venía usando desde hace décadas en la alcaldía y que se prestaba para que se dieran ese tipo de errores administrativos que posteriormente han ocasionado que varios alcaldes enfrenten procesos, tanto por la vía penal y administrativa, por responsabilidades en el manejo de los recursos públicos.
A criterio del asesor, los cambios como: creación de la comisión de transparencia, nombramiento de un comisionado municipal que lo exige la ley y cualquier nuevo departamento de auditoría.
Dumas establece que en el sistema administrativo de la municipalidad tiene que haber algo malo, deficiente, porque hay varios alcaldes procesados por hechos similares; malversación o cheques girados sin cumplir requisitos.
“El requerimiento nos sorprende porque conocemos al alcalde Padilla como un hombre honrado y que está haciendo lo mejor por San Pedro Sula, pero no nos sorprende por el sistema de administración de la alcaldía”.
El alcalde, Rodolfo Padilla, dijo en conferencia de prensa que saldrá bien librado del caso.
Un punto de vista
El abogado Óscar Mejía, asesor legal de la alcaldía, explicó que la Fiscalía está en su derecho, pero sólo es un punto de vista, porque será el juez el que decida si hay fundamentos jurídicos.
“La opinión que tenemos es que el requerimiento no existen fundamentos, primero porque se planteó por falsificación de títulos valores cuando éstos son totalmente originales y no hay elementos de prueba que establezcan que esas circunstancias son falsas”.
La acusación que tiene que ver con la malversación de caudales estamos claros que el edil no ha ejecutado actos de malversación porque todos los actos del edil han sido de buena fe y en beneficio de la sociedad sampedrana. Indicó que están seguros que la Fiscalía no podrá probar las imputaciones que señala en el requerimiento.
Medidas
El alcalde Rodolfo Padilla indicó que el próximo lunes habrá sesión de Corporación Municipal. Allí se ratificará el presupuesto y el plan de arbitrios y se tomará la decisión de suspender o no al auditor Luis Alonso López, ya que es un cargo corporativo.
Al auditor ya se le había pedido que mejorara su departamento.
Auditor en la cuerda floja
El auditor municipal Luis Alonso López Euceda está acusado por cinco delitos, entre ellos, cooperador necesario en el delito de malversación de caudales públicos. La Fiscalía pide las medidas de suspensión del cargo, prohibición de salir del país y presentarse periódicamente a los tribunales.
Según el Ministerio Público, tras la malversación de los 4,256,500 lempiras se continuó con el pago irregular de contratos, mediante cheques emitidos a favor de funcionarios municipales.
Con la particularidad que en esta ocasión en la documentación de soporte aparecieron involucradas nueve personas.
Los mencionados eran compañeros de trabajo del auditor López en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. En el mes de febrero del 2006 les propuso una oportunidad de trabajo en la alcaldía, el que consistiría en realizar trabajos de limpieza vial en las calles de la ciudad.
Fue así que les solicitó fotocopia de sus identidades y la firma de los correspondientes contratos, manifestándoles que luego les comunicaría cuando el trabajo estuviera listo.
Al no obtener respuesta, sus compañeros lo afrontaron y el auditor les dijo que no habían salido los contratos, pero les dio mil lempiras a cada uno, aduciéndole que era un adelanto en sus pagos.
