El grupo Agropalma, presidido por el empresario René Morales Carazo, denunció ayer que deja de percibir 650,000 lempiras diarios por el robo de la producción de cinco fincas de palma africana invadidas en el Bajo Aguán, cuya extensión es de 3,000 hectáreas.
Jorge Bulnes, gerente de Agropalma en Trujillo, expuso que la falta de operación en sus propiedades está provocando desempleo, deterioro y dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones financieras nacionales e internacionales, conduciendo como consecuencia un daño de la imagen de Honduras y de sus instituciones.
Inversiones detenidas
Según el gerente de Agropalma, esa inseguridad jurídica ha detenido completamente las inversiones en la zona, generando desempleo y muertes, ya que los invasores poseen armas de alto calibre y superan en número y armamento a la Policía Nacional asignada a la zona.
Bulnes dijo que las fincas ya presentan deterioro porque en la temporada baja de enero a junio se hace la limpieza y la poda sanitaria que no se han logrado completar por las invasiones.
“Es necesario que el Gobierno tome una rápida decisión para resolver el conflicto, ya que cada día se torna más difícil hacerlo y existe el riesgo de perder el control jurídico de la zona, con grandes inconvenientes económicos y sociales para toda Honduras”.
Además de las invasiones de Agropalma, el grupo Dinant tiene invadidas 5,500 hectáreas y otros particulares han invadido unas 500 hectáreas. En total, las invasiones suman alrededor de 9,000 hectáreas sembradas con palma africana en el Bajo Aguán que están generando pérdidas para la empresa privada por alrededor de dos millones de lempiras diarios.
Se reanudan pláticas
En Tegucigalpa, las pláticas se reanudaron ayer entre el Gobierno y los miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, Muca.
El designado presidencial Samuel Reyes se reunió ayer en Casa Presidencial con la dirigencia campesina del Aguán para revisar los avances del cumplimiento del acta de compromiso suscrita en abril pasado para ponerle fin al conflicto de tierras en el departamento de Colón.
Los miembros del Muca se hicieron presentes junto con sus representantes ante la comisión de verificación de los acuerdos, Juan Almendares y Andrés Pavón, para conocer además los detalles del proceso de compra de tierras que viene negociando el Ejecutivo con el empresario Miguel Facussé.
“Lo que se discutió fue los distintos componentes del convenio que tienen que ver con educación, salud, vivienda y el cumplimiento en lo referente a tierras. En esos puntos hubo manifestaciones de compromiso del Gobierno”, informó Almendares Bonilla.
Según se conoció, Reyes informó a los campesinos que las pláticas para la compra de las tierras han tenido avances significativos en las últimas semanas, por lo que se espera un acuerdo definitivo entre el Gobierno y el sector privado en los próximos días.
En abril pasado, el presidente Porfirio Lobo se comprometió a otorgar 11,000 hectáreas de tierras a los miembros del Muca, 4,000 cultivadas y 7,000 no cultivadas, a cambio de la entrega de varias fincas que habían permanecido tomadas varios meses en el sector.
Durante el encuentro, las partes también analizaron el cumplimiento del acuerdo en cuanto a la apertura de escuelas y centros de salud en beneficio de los campesinos.
Las pláticas entre las partes continuarán este día en la sede del Ejecutivo.
