Tegucigalpa, Honduras
La industria de la seguridad privada en Honduras se convirtió en un lucrativo negocio y experimentó un inusual incremento en la última década, ya que pasó de 116 compañías en 2007 a 1,038 en 2018, con una fuerza armada de entre 70,000 y 100,000 miembros a nivel nacional.
Lo anterior representa casi tres veces más que el contingente humano que tienen la Policía y el Ejército juntos.
Además, hay otros cientos de compañías de seguridad que no llevan registro de su personal, tampoco cuentan con licencia y operan prácticamente en la clandestinidad, lo que supone un enorme desafío para las autoridades por cuanto no cumplen con la ley laboral y contratan personal no certificado. Según la Policía, uno de los mayores problemas es la falta de informes de su personal, que permite a estas agencias no divulgar el historial criminal de sus empleados y evade el pago de impuestos y tasas.
Cifras oficiales muestran que en Honduras existen alrededor de 15,177 policías activos y 24,500 soldados en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, que en total suman 39,677. Comparativamente hay más guardias de seguridad privada que policías y soldados en las calles.
Los datos sobre el número de elementos contratados por las compañías de seguridad varían según la fuente y los registros oficiales y no oficiales.
Tomás Zambrano, secretario del Congreso y presidente de la comisión de seguridad, informó que en 2012 había al menos 70,000 guardias privados frente a 30,000 soldados y policías.
Un informe proporcionado a LA PRENSA por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reportó 1,038 compañías de seguridad a nivel nacional, 738 de ellas categorizadas en sociedades con fines de lucro y 300 sin fines de lucro.
ASJ estima que hasta hace poco había 31,387 guardias y 28,464 armas en su poder, pero esas cifras son mucho mayores si se cuentan las agencias que operan sin licencia.
Mediante una solicitud de acceso a la información pública, la Policía proporcionó un registro de 686 empresas de seguridad privada que cuentan con un contingente de 30,097 hombres y un total de 19,417 armas registradas. No obstante, un informe publicado el 27 de marzo pasado por el Diálogo Interamericano indica que en muchos países del continente las fuerzas de seguridad privada superan a las fuerzas públicas.
En Honduras, por ejemplo, hay siete agentes de seguridad privada por cada policía y se tiene un registro de 1,038 agencias con licencia, conforme al organismo.
La prevalencia de las firmas de seguridad privada ha crecido a la par con la violencia y la criminalidad, en parte como respuesta a la ausencia de organismos de seguridad pública eficientes.
El informe explora cómo una industria de seguridad privada en auge y sin regulación está planteando una nueva serie de desafíos para la seguridad ciudadana en la región. Asimismo, cómo el auge de esta industria puede contribuir a los ya elevados niveles de criminalidad y violencia.
Preocupación
Carlos Hernández, coordinador de ASJ, organismo de sociedad civil que trabaja en este tema, expresó su preocupación por el crecimiento de estas empresas, especialmente de las que se ubican en la categoría sin fines de lucro.
Expuso que es mayor la cantidad de agentes de seguridad privada que operan en el país que los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas y ejemplificó que en ambas instituciones hay un poco más de 30,000 miembros, mientras que estas compañías manejan un contingente de más de 100,000 agentes.
“Me preocupan las empresas sin fines de lucro, pues qué base legal tienen o por qué las crean”, se preguntó.
A su juicio se trata de las grandes empresas que sacan a su personal de seguridad y crean sociedades sin fines de lucro para reducir el derecho a sus trabajadores, a quienes les hacen firmar contratos cada dos meses. “Las empresas de seguridad privada son uno de los sectores más violadores de los derechos laborales, esto debería ser motivo de preocupación del Estado porque un ejército de tales proporciones abusado y explotado puede implicar un riesgo grande para la seguridad del Estado”, advirtió.
En ese contexto manifestó que la fragilidad del sistema siempre significará un riesgo para que desde las empresas de seguridad privada se usen armas para cometer delitos.
“En el pasado se usaron armas oficiales para que criminales cometieran delitos, eso mismo puede estar pasando con estas compañías privadas sin control”, advirtió.
Por otro lado, reveló que militares y oficiales depurados de la Policía Nacional están detrás de esta lucrativa industria, así como diputados que actualmente ocupan cargos directivos en el Congreso Nacional, aunque no precisó nombres. Hernández consideró que es importante asegurar que todas las armas usadas por las agencias de seguridad privada estén debidamente registradas.
Alberto Solórzano, miembro de la Comisión de Depuración de la Policía, indicó que frente al desafío que implica la proliferación sin control de estas compañías se ha propuesto un anteproyecto de ley al Congreso para regular estas sociedades. “Es importante su regulación porque de esta manera se pueden definir los parámetros para su funcionamiento y tener un control que permita advertir quiénes las integran, cantidad de armas que manejan, ubicación de las mismas y ámbitos de operación”, manifestó.
Coincidió en que la cantidad de agentes privados superan por mucho el número de elementos policiales y militares juntos, por eso es importante ejercer un control.
Hernández coincidió en que se debe certificar el personal de manera que solo puedan ser contratadas personas capaces, psiquícamente estables y que no pertenezcan a grupos criminales. “El Estado es responsable de la seguridad pública y debe usar los mismos criterios que usa en la formación de quienes pertenecen a la Policía Nacional para los agentes que laboran en la seguridad privada”, finalizó.
No podrá haber un número de agentes superior en 6% a la PN
En el mes de julio, en el Congreso Nacional se reanudará la discusión y aprobación de la nueva Ley de Servicios Privados de Seguridad y otros Servicios Especiales, informó a LA PRENSA el diputado proyectista José Tomás Zambrano.
El parlamentario indicó que el crecimiento de los servicios de seguridad privada y el ámbito cada vez más amplio de sus actividades en Honduras exige el establecimiento de mecanismos apropiados de regulación y supervisión para asegurarse de que observen las normas y los reglamentos nacionales e internacionales. En ese sentido, es conveniente desarrollar una legislación especial y su regulación a fin de atender el creciente número de empresas y trabajadores dentro de este sector, además de incluir las nuevas tecnologías, servicios y capacitación técnica y profesional, inherentes a la seguridad privada.
Explicó que la visión de los servicios privados de seguridad debe centrarse en que los mismos deben ser complementarios, pero no deben sustituir a los servicios de seguridad pública del Estado.
La nueva ley expresa que aunque estén habilitadas para prestar varios tipos de servicios no podrán mantener un número de agentes superior al 6% del total de los miembros activos de la Policía Nacional, consecuentemente la Secretaría de Seguridad no aprobará la inclusión de personal de seguridad y vigilancia en las empresas que se encuentren en el límite de la situación anterior.
