Las denuncias contra el Poder Judicial ahora tienen nombre y apellido. El abogado Norman Torres Herrera acusó ayer de haber recibido dinero al magistrado José Rolando Arriaga Mencía, y pidió que una comisión de alto nivel lo investigue para deducirle responsabilidades.
'La corrupción en el Poder Judicial se llama José Rolando Arriaga, alias Pataste. Es la persona más corrupta que tiene el Poder Judicial', dijo el abogado Torres, amparado en que tiene documentos para sostener su versión.
Agregó que son varios los casos irregulares que tiene el magistrado, pero en el que más evidencias hay es en el de la defensa de los médicos María Mariona y Antonio Mariona, quienes están acusados de homicidio culposo en perjuicio de Kristel Julia Larach Foster.
Recurso
Según Torres, a los médicos los acusaron de mala praxis y buscaron los servicios de Arriaga, el 23 de mayo del 2001, cuando no era magistrado. Por esos servicios le pagaron en dos oportunidades, en una de ellas con un cheque de 24 mil lempiras.
Luego Arriaga fue nombrado magistrado en el 2002, por lo que en el 2003, cuando el abogado Kenneth Araujo, en representación de los médicos, promovió un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, de la cual forma parte el magistrado, éste se excusó de conocer el mismo por la relación previa. El recurso fue declarado inadmisible.
En agosto anterior se presentó de nuevo el recurso y se declaró inadmisible, sólo que en esta oportunidad Arriaga no se excusó, según Torres, quien califica la acción como 'un verdadero acto inmoral, corrupto y detestable'.
Se interpuso una reposición al recurso y según Torres sigue esperando que la Sala de lo Constitucional resuelva.
'Para acreditar de manera fehaciente lo que manifiesto en esta oportunidad, me permito acompañar la copia fotostática del personamiento respectivo y del testimonio que contiene la representación conferida que se acompañare en aquella oportunidad, así como de la nota de débito original por la emisión del cheque de caja que por la cantidad de 24 mil lempiras que anticipadamente pagué en concepto de honorarios y el cual, dada su naturaleza jurídica mercantil, personalmente fue cobrado por el propio magistrado Arriaga, quien hoy se comporta de manera tan indecente', según parte del escrito de reposición al amparo.
El denunciante indicó que el año pasado, junto a los dos médicos mencionados, habló con la presidenta de la CSJ, Vilma Morales, quien se comprometió a ver el caso pero no ha actuado.
Caso
'A los médicos se les acusa de mala praxis, ellos recurrieron en amparo y se lo declararon sin lugar, y uno de los que conoce el expediente es el magistrado Arriaga'.
Además denunció que presentó a la Corte cartas de la Inmobiliaria Villa Elena SA, que asegura pagó más de dos millones de lempiras al magistrado para que participe a favor de un proceso que tiene.
'El magistrado litiga abiertamente, en una casación que lleva el abogado Kenett Araujo de San Pedro Sula, mi padre Daniel Torres le ayudó a impugnar la Casación, y en la oficina de Rolando Arriaga se cambió la impugnación, después nos enteramos que tenía interés en un juicio laboral que está vinculado, por eso hizo al abogado Kenett cambiar la impugnación que le hizo mi padre', agregó Torres.
'En donde hay dinero de por medio está la mano de Arriaga.
Tengo los casos del Banco Atlántida, me comisionaron para agilizar un trámite pero el magistrado se molestó porque dice que los juicios de ese banco los conoce su hija Ligia Arriaga, y entonces no podemos estar sometidos a lo que el magistrado Arriaga quiera'.
Se busca reacción
La Prensa intentó a las diez de la mañana conocer la versión del magistrado, se visitó en su oficina, pero la vigilancia señaló que estaba reunido con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Luego a las dos de la tarde se le llamó al teléfono 269-3302 y su secretaria atendió manifestando que no podía atender hasta hoy por la mañana. También se le llamó a su telefóno móviil un par de veces en el resto del día pero no se obtuvo ninguna respuesta.
Dato
El abogado Torres denunció al magistrado en el Ministerio Público y pidió que el Congreso Nacional, que nombra a estos funcionarios, proponga una comisión de alto nivel para que investigue las denuncias.
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