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Más empresarios impugnan alza al mínimo

Veinte empresas presentaron recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar el decreto que incrementa el salario mínimo en Honduras.

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Veinte empresas se sumaron este martes a las diez que ya presentaron recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar el decreto que incrementa el salario mínimo en Honduras.

Este martes las empresas presentaron más recursos de amparo, argumentando que el decreto aprobado no toma en cuenta las modalidades de trabajo, ni las regiones del país como establece la Constitución.

Representantes legales del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, dijeron en medios radiales que aún falta información de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y la de Cortés, por lo que se espera que más empresas impugnen este decreto.

Empresarios de Honduras esperan respuesta de Corte

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, Benjamín Bográn, espera lo mas pronto posible la resolución de la Corte Suprema de Justicia por las impugnaciones de más de 10 empresas tras el aumento al salario mínimo anunciado por el presidente hondureño Manuel Zelaya, el 24 de diciembre del año pasado.

Las medidas de incentivo que quiere hacer el Gobierno hondureño a la empresa privada "no tienen nada que ver con el aumento al salario", finalizó Bográn.

Diez empresas de San Pedro Sula y la capital interpusieron ayer igual cantidad de recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en contra del reciente aumento de 2,100 lempiras al salario mínimo.

La impugnación fue anunciada hace una semana por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, como la única opción legal que impida a la industria y el comercio del país, perder competitividad y por lo tanto proceder al cierre de unidades productivas, así como para frenar los despidos masivos de trabajadores.

El amparo lo interpusieron ayer por la tarde un grupo de asesores legales del Cohep, ante el fracaso en las conversaciones establecida el pasado viernes entre la cúpula empresarial y la secretaria del Trabajo, Mayra Mejía, así como las desarrolladas ayer con el presidente Zelaya.

El mandatario fijó el 24 de diciembre de 2008 un salario mínimo para los trabajadores en la zona urbana del país de 5,500 lempiras y a los trabajadores del área rural en 4,055. La medida fue rechazada por la cúpula del Cohep, porque abolió las 10 categorías y las subcategorías salariales establecidas en la Ley de Salario Mínimo y se limitó a establecer un salario para él área urbana y otra para la zona rural del país.

Los empresarios, también informaron que este decreto generó ya el despido de 12,000 trabajadores en diferentes partes del país y que ha provocado conflictos laborales entre obreros y patronos. De igual manera desaprueban que el acuerdo ejecutivo número STSS 374-STSS 08 indica que el salario mínimo entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2009, cuando la ley indica que debe entrar en vigencia 15 días después de su publicación en el Diario oficial La Gaceta.

Las violaciones

John Padget, uno de los representantes legales del Cohep, informó que éste es el primer bloque de recursos de amparo que se interpone ante la CSJ, porque existen unas 190 empresas más que de manera parcial entregaron la información solicitada para incoar este derecho constitucional.

El presente recurso, dice la primera parte del texto de 13 páginas, se interpone contra el Acuerdo Ejecutivo número STSS 374-STSS-08, de fecha 24 de diciembre de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 27 de diciembre de 2008.

Las empresas sostienen que la determinación del presidente Zelaya violentó las garantías y los derechos constitucionales de la igualdad ante la ley, derecho al trabajo, armonía entre el capital y el trabajo y de su obligatoriedad. Estos derechos y garantías están consignadas en los artículos 161, 103, 127 y 128 numeral 5 y 129, 132, 135, 245 numeral 42 y en los artículos 328, 329, 333 y 337 de la Constitución de la República.

Las empresas piden a la CSJ admitir la presente acción de amparo, junto con los documentos que lo acompaña, se pida el expediente respectivo a la Secretaría del Trabajo y sea entregado en menos de 24 horas; se haga efectivo la medida precautoria de suspensión del acto reclamado en virtud de que la ejecución de la misma haría difícil, la gravosa o imposible restitución de las cosas a su estado anterior.

El texto indica en su parte final que aunque se discute derecho en el presente amparo y existiendo hechos que probar, se solicita se abra expediente a prueba en lo conducente, se dé el trámite legal correspondiente, se formalice la presente acción de amparo y finalmente se dicte sentencia.

Paquete de incentivos

El gobierno se mostró inflexible a la petición de los empresarios de reducir el incremento del salario mínimo, pero les ofreció un paquete de incentivos para compensar el impacto.

Estos puntos resumen los resultados de la reunión sostenida ayer en Casa Presidencial entre el presidente Manuel Zelaya con una reducida parte de la directiva del Consejo de la Empresa Privada, Cohep.

Otro acuerdo importante fue que se revisará el zonaje de salario, es decir, que en algunos sitios en donde tocaba pagar el sueldo de 5,500 lempiras (por ser sector urbano), se catalogarán como sector rural y sólo se pagará 4,055 lempiras.

"Los sectores que tengan problemas con el aumento van a recibir medidas compensatorias, que no sabemos qué medidas compensatorias", dijo el presidente del Cohep, Amílcar Bulnes, en conferencia de prensa.

Bulnes dijo que analizarán esta propuesta del Ejecutivo y determinarán si de esa forma el empresariado no pierde competitividad.

Además de Bulnes, por parte del Cohep, sesionaron el director ejecutivo de la entidad, Benjamín Bográn y Óscar Galeano.

Menos impuestos

Los empresarios se llevaron la promesa de que recibirían algún tipo de ayuda económica para reducir el golpe del aumento al salario mínimo.

Aunque dicen que no saben qué acciones serán, trascendió que el gobernante ya les adelantó de qué se trata.

El secretario del Presidente, Enrique Reina, quien representó a su jefe en la conferencia, dijo que estas medidas de auxilio podrían ser de tipo fiscal, es decir que a algunos empresarios se les permita una moratoria para el pago de impuestos.

"Puede ser, puede ser por la vía de impuestos o programas de acceso al crédito", indicó.

El nuevo salario mínimo lo fijó unilateralmente el Presidente, después de que obreros y empresarios no se pusieran de acuerdo. Ha trascendido que los obreros negociaban un aumento no superior al 30 por ciento, pero el gobernante de forma unilateral concedió aumentos entre 60 y 200%.

Anteriormente, el salario para la ciudad era de 3,400 lempiras.