MP va con 50 medios de prueba al juicio por la compra de los hospitales móviles

La Fiscalía formalizará los cargos contra Marco Bográn y Alex Moraes, quienes estaban al frente de Invest-H.

Marco Bográn está acusado de dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude.
Marco Bográn está acusado de dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude.

TEGUCIGALPA

Un equipo especializado de fiscales del Ministerio Público (MP) se alista para acudir al juicio del denominado caso Hospitales móviles.

Los fiscales propondrán un total de 50 contundentes medios de prueba con los que buscarán la culpabilidad de Marco Bográn y Alex Moraes, exfuncionarios de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), procesados por la compra irregular de siete hospitales móviles.

El expediente de este caso se encuentra en manos del Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción, que en los próximos días desarrollará la audiencia preliminar y posteriormente elevará el proceso a juicio. Hasta ahora no existe una fecha definida para el desarrollo de la audiencia preliminar, adonde el MP formalizará los cargos contra Bográn y Moraes.

En juicio oral y público, los fiscales buscarán acreditar como hechos probados que el proveedor Axel López no tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar los hospitales móviles, y que el valor de las unidades fue sobrestimado a 1,174 millones de lempiras.

“Han muerto más de cinco mil hondureños a causa del coronavirus y los hospitales móviles no han prestado un genuino servicio a la población, contrario a ello, su adquisición provocó un enorme daño para la salud y el patrimonio público”, detalla un comunicado de prensa del MP.

El Ministerio Público acusó a Marco Bográn y Alex Moraes de dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude.

Ambos exfuncionarios están en prisión.

El guatemalteco Axel Gamaliel López está prófugo de la justicia. A López, el pasado 3 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por solicitud del Ministerio Público de Honduras, ordenó asegurar L101,777,602 (más de cuatro millones de dólares) de sus cuentas, acusado de delitos de fraude en perjuicio de la administración pública.

La Prensa