Tony Hernández: “Me siento traicionado”

Juez Kevin Castel le responde a Tony Hernández que no se le han violentado sus derechos

Nueva York, Estados Unidos

Durante su audiencia de sentencia este martes y en el momento en que se le concedió la palabra, el exdiputado hondureño, Juan Antonio “Tony” Hernández, manifestó su inconformidad con la labor efectuada por su abogado defensor, Peter Brill.

Hernández dijo sentirse “traicionado” y “engañado”, tanto por su abogado defensor como por el sistema de justicia criminal de los Estados Unidos, por considerar que se violaron sus derechos otorgados bajo las leyes estadounidenses.

El acusado dijo haberse sorprendido de enterarse, prácticamente por casualidad (y no por su abogado) de que su audiencia de sentencia tendría lugar este mismo día.

Hernández dice que su sorpresa se debe, entre otras cosas, porque considera que todavía no se han atendido ciertos cuestionamientos relacionados con las denominadas leyes Brady, las cuales se relacionan con el debido proceso en casos criminales juzgados ante cortes estadounidenses y que esta circunstancia obligaba a aplazar la sentencia por más tiempo.

Adicionalmente, el acusado se quejó del trato que le había dado el abogado Brill, en el sentido de que le informó que a él (el abogado) se le había contratado para representarlo de cara a la sentencia, en una causa ya juzgada, y que “no era su responsabilidad corregir los errores de otros abogados”.

Tony dijo incluso que solicitó otro cambio de abogado, debido a que no lograba ponerse de acuerdo con Brill.

La respuesta del juez Castel

Después que Tony terminó de dar su declaración, el juez Kevin Castle procedió a explicar que los hechos no habían ocurrido de la forma descrita por el acusado y que en ninguna parte de la documentación presentada, había encontrado evidencia de violaciones a la ley Brady, como Hernández había alegado.

En cuanto a la premura alegada por Tony con respecto a la sentencia, el juez puso las cosas en perspectiva al hacer notar que dicha sentencia ya ha sido aplazada durante un año y cinco meses, cuando lo usual es hacerlo no más de seis semanas después de emitirse el veredicto, una circunstancia que, según dijo el juez, nunca había visto en sus años como magistrado.

La Prensa