NUEVA YORK. Después de día y medio de deliberaciones, el jurado dio lectura al veredicto a las 12:20 de ayer, hora de Nueva York; 10:20 de la mañana, hora de Honduras. Luego, el juez Peter Kevin Castel dio de alta al jurado. Foto Cortesía.
La Fiscalía emitió un comunicado
El exdiputado hondureño Juan Antonio (Tony) Hernández, tras ser declarado ayer culpable por narcotráfico, portación ilegal y uso de armas, sobornos y mentir a las autoridades, deberá esperar hasta el 17 de enero para saber si pasará el resto de su vida recluido en una cárcel de Estados Unidos.
En el menos peor de los casos, Tony Hernández, quien ahora tiene 41 años de edad, saldría de prisión a los 70 años de edad y en el peor de los escenarios correría la misma suerte del capo mexicano Joaquín Guzmán, alias el Chapo, condenado a cadena perpetua y 30 años más.
El hermano del presidente Juan Orlando Hernández cumplirá el mes próximo el primer año de permanecer recluido en una cárcel de Nueva York después de haber sido capturado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el aeropuerto de Miami.
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Para la Fiscalía, el juez tendría que imponerle al menos una cadena perpetua; sin embargo, el tribunal tiene la facultad de dictar una sentencia concurrente que podría reducirle la cantidad de años en prisión.
Una sentencia concurrente, a diferencia de una sentencia consecutiva, consolida las distintas penas para que el condenado las cumpla todas al mismo tiempo, considerando como límite la más alta.
El juicio contra Tony Hernández, incoado por la Fiscalía en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, comenzó el pasado 2 de octubre y concluyó ayer con un veredicto condenatorio para el acusado y con una fecha de estipulación de sentencia: 17 de enero de 2020.
Los doce miembros del jurado (10 mujeres y 2 hombres) demoraron un día y medio (entre jueves y viernes) para dictar de forma unánime un fallo contra el imputado hondureño que siempre negó los cargos. Con este veredicto, el jurado le dio la razón a los fiscales norteamericanos, quienes, desde 2018, sostuvieron que Hernández conspiró entre 2004 y 2016 para exportar cocaína a Estados Unidos.
Con varios carteles de la droga en Honduras y con el apoyo de ciertas personas públicas y privadas prominentes, incluidos políticos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Tony Hernández coordinó acciones para recibir cargamentos de toneladas múltiples de cocaína enviadas desde, entre otros lugares, Colombia a través de rutas aéreas y marítimas.
Con los testimonios de cinco capos que ahora colaboran para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, videos y fotos, la Fiscalía demostró ante el juez de la Corte, Peter Kevin Castel, que Hernández, en sociedad con otros narcos, transportó las drogas hacia el oeste en Honduras y luego a la frontera con Guatemala
La Fiscalía planteó en la Corte que, para protegerse de la interferencia oficial, y para facilitar el paso seguro de cargas de cocaína de varios cientos de kilogramos, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos miembros del Congreso Nacional de Honduras.
Ayer, en el momento crucial del juicio, alrededor de las 12:20 del mediodía, sin inmutarse, mostrándose fuerte ante lo que sería una desgracia en su vida, escuchó cuatro veces del jurado la palabra “culpable”.
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En la sala del tribunal, donde se encontraban los parientes del acusado, entre ellos, su madre Elvira Alvarado Castillo, luego de dar el veredicto, el juez Castel le preguntó a los abogados defensores Michael Tein y Omar Malone si tenían “alguna solicitud”, ellos dijeron que “no en este momento”.
El abogado Tein, como una muestra de apoyo moral en un momento aciago para su cliente, le dio una palmadita en su espalda.Segundos después, el juez les advirtió a los miembros del jurado que pueden hablar con quien quieran sobre lo que ocurrió en la sala del tribunal, pero no sobre lo que sucedió en las deliberaciones. “Están dados de alta, damas y caballeros”, les dijo al final.
La madre de Tony, quien intentaba contener las lágrimas mientras el juez hablaba, salió de la corte con el rostro entristecido y al encontrarse afuera del edificio chocó con una muchedumbre que la asediaba y le gritaba a sus oídos “fuera JOH”.
Rodeados de periodistas, fuera de la Corte, los abogados Tein y Malone anunciaron que presentarán una apelación ante la Corte porque el jurado basó el veredicto en “información incorrecta”.
El abogado Malone manifestó que “el jurado trabajó duro, pero su veredicto fue inconsistente con la verdad”. Desde el punto de vista del abogado Tein, los testigos que llevó la Fiscalía “mintieron” y recalcó “que son unos asesinos, son lo peor de lo peor”.
“Mintieron, mintieron, mintieron”, dijo Tein. Lamentó que las autoridades de la Corte no le permitieron a Tony Hernández despedirse de su familia. De acuerdo con The New York Times, Tein acusó a los fiscales de no mostrar “una sola prueba contundente”, y en su lugar presentó “evidencia de la boca de los mentirosos”.
“Lo que construyeron fue un castillo de naipes”, criticó. “Creo, sin embargo, que el jurado finalmente fue influenciado por todos estos testigos”.
A cambio de una reducción en sus penas, los narcos hondureños Devis Leonel Rivera Maradiaga, alias Cachiro; Amílcar Alexander Ardón, alias Chande; Víctor Hugo Díaz Morales, alias el Rojo; Giovany Rodríguez y el guatemalteco Fernando Chang Monroy, alias Jack, testificaron contra el hondureño y lo acusaron de recibir dinero del Chapo Guzmán para financiar la campaña política de su hermano.
La tarde del jueves, antes de cerrar el primer día de deliberaciones, el jurado le solicitó al juez las transcripciones de los testimonios de Chande, el Rojo y Jack para hacer un análisis sobre los relatos que durante la presentación de pruebas resultaron ser los más poderosos.
Desde el punto de vista de The New York Times, Chande se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía, pues este, durante su declaración de dos días, hasta aseguró que él ayudó a contar un millón de dólares que el Chapo le dio a Tony Herández para su hermano.
El exalcalde de El Paraíso, Copán, hundió a Tony porque describió los encuentros y aseguró que había traficado de 30 a 40 toneladas de cocaína con él y canalizó al menos 4 millones de dólares en sobornos al presidente y su predecesor, Porfirio Lobo Sosa. Chande testificó que en los meses previos a las elecciones presidenciales hondureñas de 2013, Guzmán, entonces el hombre más buscado del mundo, viajó dos veces a Honduras para reunirse con el acusado y contribuyó con un millón de dólares para la campaña del presidente Hernández.
Este caso, que representa un triunfo extraordinario para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha estado bajo la dirección de la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales y los fiscales federales adjuntos Amanda L. Houle, Jason A. Richman, Matthew J. Laroche y Emil J. Bove III.
El veredicto del jurado, más allá de encontrarlo culpable, también pone en la mira de las autoridades de Estados Unidos a los hondureños que los narcotestigos implicaron cuando rindieron sus testimonios.
Ayer, tras conocer la conclusión del jurado, el Departamento de Justicia emitió un comunicado en el cual, una vez más, explica que Tony Hernández “utilizó a miembros de la Policía Nacional de Honduras para coordinar el asesinato de Franklin Arita relacionado con las drogas en 2011, y utilizó a los asociados del narcotráfico para asesinar a un trabajador de drogas conocido como Chino en 2013.
Esta acusación del Departamento de Estado está respaldada con la declaración de Chande, quien, ante el juez Castel aseguró que el acusado habló con el entonces director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, alias el Tigre, para que ejecutara a Arita.
Los narcotestigos expusieron en la corte que en toda la red formada por el acusado participaron directa o indirectamente los diputados Juan Carlos Valenzuela, Reynaldo Ekónomo, Rodolfo Irías Navas, Oscar Nájera, Milton Puerto, el exvicealcade de Gracias, Lempira, Mario Cálix, y la exviceministra Carmen Rivera.
Los narcotestigos dijeron que, además de aportar dinero para las campañas de Hernández y Lobo Sosa, sobornaron al actual ministro de Seguridad, Julián Pacheco, e involucraron como intermediario a Roberto Ordóñez, ministro de Energía.
