Plan Internacional, Médicos Sin Fronteras, Comisión de Acción Social Menonita (Casm) instan a las autoridades y a la sociedad a hacer mayores esfuerzos para prevenir las agresiones sexuales contra niñas y niños en Honduras.
En la última década, de acuerdo con la serie periodística #CuidemosNuestrasNiñas, publicada por DIARIO LA PRENSA la semana pasada, más de 50,000 niñas sufrieron agresiones en todo el país, y en cinco años tan solo 539 victimarios recibieron una condena por los delitos.
“Cuando haya un enfoque basado en la prevención, no tendremos que llegar a las cámaras Gesell, ni a los procesos judiciales, salvo en algunos casos. Honduras debe tener un enfoque preventivo”, dijo Belinda Portillo, directora de Plan Internacional en Honduras, anteriormente en Paraguay.
A inicios de esta década, Plan estableció un acuerdo con el Ministerio Público con el objetivo de capacitar a fiscales y le donó varias cámaras Gesell para entrevistar a niños víctimas de violencia.
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Plan, además de apoyar a entidades del Gobierno, desarrolla el programa Ponle los 6 sentidos en centros escolares de algunos departamentos a través del cual les aconseja a los padres de familia y menores a “abrir el ojo, parar la oreja, usar la intuición, no callar, buscar ayuda y actuar contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes”.
Portillo advierte que “las agresiones sexuales son un problema grave” y cita como ejemplo que “el 50% de los embarazos que suceden en Honduras son producto de una violación. Esta es la cantidad de casos reportados. ¿Qué pasa con los que no son reportados?”.
Para Portillo, “si los jueces no van a condenar a muchos violadores, las autoridades por lo menos deben registrarlos como agresores sexuales porque muchos están en las iglesias, en el sector salud y eso no puede ser.”
“El Estado, la sociedad civil, las organizaciones no solo debemos trabajar en el lado de las niñas violentadas, debemos trabajar en el lado del agresor con medidas punitivas”, dijo.
Plan, con Unicef, la Oficina Internacional de los Derechos del Niño (IBCR), la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) y otras entidades participan en la creación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niños y Niñas un nuevo mecanismo de protección de menores.
Médicos Sin Fronteras (con sede en Suiza) observa con igual preocupación el escenario hostil en el cual viven las niñas y, para prevenir, le sugiere a la Secretaría de Educación abordar la sexualidad de manera abierta en los centros escolares.
“El problema de la agresión sexual es un tema muy complejo, es el reflejo de la sociedad, de la pobreza, educación, falta de oportunidades. Hay que hablar de este tema, que no sea un tema tabú, hay que quitar el estigma para que las víctimas se sientan en confianza para hablar y denunciar”, propone Alfonso Apolinar, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Choloma.
Apolinar, quien junto con otros colegas apoya a la Secretaría de Salud en ese municipio, dice que “aquí en Honduras no existe un protocolo de atención a la víctima de agresión”. También, según él, “el personal de Salud no está capacitado para brindarle atención específica a las víctimas, porque no es cualquier paciente, es un paciente con un trauma psicológico importante, con un riesgo médico elevado de contraer una enfermedad de transmisión sexual, incluyendo el VIH”.
“Es importante mencionar que una víctima de agresión sexual tiene 3 días, es decir, 72 horas, para recibir un tratamiento médico y evitar enfermedades de transmisión sexual que pueden presentarse después de una violación”, explicó.
En 2017, Médicos Sin Fronteras atendió a 589 víctimas de violencia sexual (191 antes de las 72 horas) en todo el país. Actualmente, esa organización trabaja en la creación de un protocolo de atención a la víctima con el objetivo de que el Gobierno lo adopte dentro de su sistema de salud.
Apolinar, quien ha estado asignado en varios países de América Latina, considera pertinente que el Estado adopte la píldora de un día después para evitar los embarazos en niñas que han sido violadas.
Ejemplos. Desde el punto de vista de Hermin Urquía, coordinador del programa de protección a la niñez de Casm, en Honduras “hay casos extremadamente dramáticos de vulnerabilidad de los derechos de niñas y niños”.
“Por ejemplo, de 100 embarazadas que atiende el Hospital de Santa Bárbara, 24 son menores de edad. Hay otro número que no está yendo al hospital, son atendidas por parteras o en clínicas privadas. Una buena cantidad de estas pacientes han sido abusadas. El 60% son víctimas de personas familiares”, dijo.
En Santa Bárbara, Casm desarrolla programas sociales que benefician a unos 7,000 menores de edad y por medio de estos ha logrado detectar casos de abusos sexuales.
“Nosotros queremos llamar la atención de los programas orientados a la niñez, particularmente a Dinaf. Urge que exista una oficina de Dinaf en Santa Bárbara. Necesitamos protocolos para que la población del occidente del país derive las denuncias (....). También no podemos desconocer que la capacidad instalada de la Policía es limitada. No hay suficientes elementos policiales y por eso hay muchos casos que se quedan en la impunidad. Cuando hay orden de captura, el agresor ha huido”, dijo.
Para frenar los abusos, según Urquía, las municipalidades deben mantener una campaña de forma permanente con el objeto de concienciar a la población sobre los derechos de la niñez.
“En las carreteras deben instalar rótulos que digan: no al abuso infantil, llama al 911, llama a la Policía”, ejemplificó.
