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Ministerio Público amplía acusación para implicados en caso "Caja chica de la dama"

El exsecretario de la Rosa Elena de Lobo asegura que se siente indefenso porque su defensa no ha conocido el expediente a su llegada al juicio oral y público.

Momentos en que estaba por reiniciar el juicio de la exprimera dama Rosa Elena de Lobo.
Momentos en que estaba por reiniciar el juicio de la exprimera dama Rosa Elena de Lobo.

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público formalizó y amplió la acusación para los tres implicados en el caso "Caja chica de la dama" en el juicio oral y público que se reanudó en la mañana de este viernes; posteriormente fue suspendido y se reanudará el próximo 11 de marzo.

Rosa Elena de Lobo está acusada de tres delitos de malversación, ocho por fraude, anteriormente eran seis y por el delito de lavado de activos. Además su cuñado Mauricio Mora está acusado de ocho delitos de fraude y asociación para el lavado de activos como cooperación en el concurso real.

Mientras al exsecretario de Rosa Elena, Saúl Escobar, se formalizó acusación por ocho delitos de prueba, participación cooperante necesaria, lavado de activos a título de cooperantes.

A su llegada a los juzgados capitalinos , Saúl Escobar, exsecretario privado de Rosa Elena, aseguró que él está quedando indefenso porque a su defensa no se le ha permitido analizar el expediente.

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Los tres permanecen en prisión por supuestamente haberse apoderado de más de 16 millones de lempiras y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado, destinado a obras sociales”.

En el caso denominado “la caja chica de la primera dama” fue capturada el 28 de febrero Rosa Bonilla de Lobo y enviada a prisión donde cumplirá un año, después de que en 2017 se le acusara de supuestamente traspasar dineros de una cuenta de la Casa Presidencial a una privada suya, faltando cuatro días para que su esposo, Porfirio Lobo (2010-2014), concluyera su mandato.

Su captura, lo mismo que la de un cuñado de Bonilla, Mauricio Mora, se produjo después de una investigación iniciada hace cuatro meses por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), y que trabaja en conjunto con el Ministerio Público.