Tegucigalpa, Honduras.
La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal todavía no se reúne para proponer cambios a la Ley sobre de Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito luego de que hace un mes el presidente Juan Orlando Hernández vetara controversiales reformas.
El veto, de fecha 3 de abril de 2018, establece que la Comisión tiene 90 días para discutir la conveniencia de que esa legislación sufra modificaciones. El vocero de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, confirmó que ese poder del Estado no ha girado ninguna invitación al resto de miembros.
La Comisión está integrada por la Corte, el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y el Tribunal Superior de Cuentas, entre otros. El Congreso Nacional aprobó este 20 de marzo el decreto 38-2018 que contenía las refonía, entre otras cosas, que se prohibía la incautación de bienes que constituyeran el domicilio familiar y menaje y que la única medida que procedería para estas propiedades es el aseguramiento.
La incautación es la apropiación de un bien mientras se ventila en juicio si se declara el comiso a favor del Estado o se regresa a su dueño.
El aseguramiento solo es la prohibición de celebrar actos y contratos sobre capitales.
En el veto se argumentó que si la ley entraba en vigor, Honduras se arriesgaba a ser considerado como un país no cooperante contra el lavado de activos, según acuerdos internacionales.
La censura presidencial también solicita a la Corte que reúna a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal para que estudie qué tipo de cambios son los que necesita ese precepto.
Una fuente de la Corte dijo a LA PRENSA que la comisión se reunirá hasta después de que la Junta Proponente de los candidatos a Fiscal General y del Ministerio Público remitan al Congreso la lista de cinco aspirantes, porque ese poder forma parte de los nominadores.
La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal todavía no se reúne para proponer cambios a la Ley sobre de Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito luego de que hace un mes el presidente Juan Orlando Hernández vetara controversiales reformas.
El veto, de fecha 3 de abril de 2018, establece que la Comisión tiene 90 días para discutir la conveniencia de que esa legislación sufra modificaciones. El vocero de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, confirmó que ese poder del Estado no ha girado ninguna invitación al resto de miembros.
La Comisión está integrada por la Corte, el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y el Tribunal Superior de Cuentas, entre otros. El Congreso Nacional aprobó este 20 de marzo el decreto 38-2018 que contenía las refonía, entre otras cosas, que se prohibía la incautación de bienes que constituyeran el domicilio familiar y menaje y que la única medida que procedería para estas propiedades es el aseguramiento.
La incautación es la apropiación de un bien mientras se ventila en juicio si se declara el comiso a favor del Estado o se regresa a su dueño.
El aseguramiento solo es la prohibición de celebrar actos y contratos sobre capitales.
En el veto se argumentó que si la ley entraba en vigor, Honduras se arriesgaba a ser considerado como un país no cooperante contra el lavado de activos, según acuerdos internacionales.
La censura presidencial también solicita a la Corte que reúna a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal para que estudie qué tipo de cambios son los que necesita ese precepto.
Una fuente de la Corte dijo a LA PRENSA que la comisión se reunirá hasta después de que la Junta Proponente de los candidatos a Fiscal General y del Ministerio Público remitan al Congreso la lista de cinco aspirantes, porque ese poder forma parte de los nominadores.
