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Policías proveían armas a las pandillas MS y la 18

Más de 350 fusiles y pistolas automáticas que desaparecieron de la Policía entre 2012 y 2016 fueron a parar a manos de mareros.

El pasado 20 de diciembre en el penal sampedrano se decomisó un armamento.
El pasado 20 de diciembre en el penal sampedrano se decomisó un armamento.

Tegucigalpa, Honduras.

Cerca de un centenar de agentes y altos oficiales de la Policía Nacional de Honduras formaron una alianza criminal con miembros de la mara Salvatrucha (MS) y la pandilla 18 y les suministraban armas de alto poder para perpetrar todo tipo de delitos, principalmente extorsiones, asaltos a furgones, secuestros express y asesinatos por encargo.

Así lo consigna una amplia investigación realizada por agentes especiales de la Policía de Colombia y de Estados Unidos en coordinación con autoridades hondureñas, cuyos resultados están plasmados en un pormenorizado informe de inteligencia del Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivo de Información (Sercaa) de la Policía, al cual tuvo acceso exclusivo diario LA PRENSA.

El documento deja al descubierto la aberrante sociedad delictiva que por años primó a lo interno de la Policía hondureña con la complicidad de las cúpulas policiales que se hicieron de la vista gorda e ignoraron los informes y denuncias en contra de decenas de miembros de la carrera policial que trabajaban a las órdenes de los “toros” y “palabreros”.

Justamente esta tenebrosa alianza entre pandilleros y policías ahora separados es la que derivó en los recientes atentados contra el asesor técnico de la Comisión Especial de Depuración, Jorge Machado, y también el frustrado plan para asesinar al presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) y miembro de la comisión depuradora, Alberto Solórzano.

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David Elías Campbell Licona, Jefe de la MS a nivel nacional. Se encuentra prófugo de la justicia desde febrero de 2016. Lideraba una estructura criminal compuesta por oficiales y agentes de la Policía.

Estructura criminal

El manuscrito de inteligencia precisa los nombres, rangos y números de identidad de al menos 67 policías, entre agentes de la escala básica, oficiales de la escala ejecutiva y superior, incluyendo a un director general que estaba al servicio de la MS.

Entre los investigados están un general, dos comisionados generales, cuatro subcomisionados, seis comisarios, cuatro subcomisarios, ocho inspectores, cinco subinspectores, 34 agentes y suboficiales de la escala básica, dos secretarias de la Policía y un fiscal.

En esta lista figuran, entre otros, los policías Álvaro Guillermo Mejía Vargas y Juan Manuel Ávila Meza, quienes se entregaron voluntariamente a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y Ludwin Criss Zelaya Romero, quien recientemente fue extraditado a ese país acusado de narcotráfico y portación de armamento de guerra.

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Elías Campbell Ríos, era uno de los jefes de la MS y junto con su padre se encargaba de dar órdenes a miembros de la Policía, según investigación de EUA y Colombia.

También aparece el excomisario Álvaro Ernesto García Calderón, detenido en febrero de 2016 durante la operación Avalancha por ser uno de los principales operadores de la MS, así como otros oficiales mencionados en un informe del New York Times por su participación en los asesinatos de Julián Arístides González y Alfredo Landaverde.

El informe establece que todos estos policías rendían cuentas de manera puntual a David Elías Campbell Licona, máximo jefe de la MS en Honduras y su hijo Elías Campbell Ríos.

Campbell Licona era el encargado de manejar las finanzas de esta asociación criminal y se encuentra prófugo de la justicia desde febrero de 2016, cuando se ejecutó la operación Avalancha I, que permitió la incautación de cientos de propiedades, vehículos y al menos L200 millones en cuentas bancarias, producto de la extorsión y otras actividades criminales.

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Álvaro Ernesto García Calderón, excomisario de la Policía Nacional. Fue detenido durante la operación Avalancha en Valle de Ángeles por pertenecer a la pandilla MS.

Este peligroso personaje está prófugo y ha logrado evadir la justicia gracias a los contactos que sigue teniendo en la Policía. Está acusado por asociación ilícita y lavado de activos.

David Elías Campbell no pedía favores a la Policía, sino que daba órdenes”, reveló una fuente de inteligencia con la cual el equipo de investigación de LA PRENSA se reunió para cotejar la información contenida en el informe de Sercaa. Según el informante, “los mareros se convirtieron en grandes socios de la Policía y los policías se erigieron en sus principales protectores y proveedores de armas”, dando lugar a una temida asociación entre pandilleros y uniformados.

En uno de los informes se establece que en la institución policial operaba una banda integrada por 15 oficiales y policías que brindaba apoyo logístico a las pandillas 18 y MS y que también actuaban bajo el mando directo del mencionado jefe nacional de la MS.

Esta peligrosa asociación delictiva estaba compuesta por siete subcomisarios y ocho agentes de la escala básica que se dedicaban al sicariato, extorsión, asaltos a furgones, robo a bancos y secuestros express. En la investigación aparecen sus nombres, rangos y el padrón fotográfico de cada uno de ellos.

Entre los mencionados aparecen varias mujeres policías con rangos de subcomisarias, suboficiales y agentes de la escala básica que operaban como informantes y operativas.

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Álvaro Guillermo Mejía Vargas, oficial de la Policía acusado por la justicia de EUA por narcotráfico. En el informe de inteligencia forma parte de la estructura que colaboraba con la MS.

Tráfico de armas

Por otro lado, se logró identificar por sus nombres y rangos a 30 oficiales que proporcionaban armas en decomiso y custodia, así como fusiles y pistolas de la misma Policía a miembros de la MS y 18 para que pudieran cometer sus acciones delincuenciales.

En este apartado se consigna el caso del empeño de 47 armas de la delegación policial de Belén, incluyendo las que tenían asignadas varios policías en situación de reposo, y su posterior préstamo a miembros de la pandillas.

Un agente de inteligencia reveló a LA PRENSA que esas armas fueron depositadas en una casa de empeños propiedad de la esposa de un alto oficial de la Policía y posteriormente facilitadas a pandilleros para realizar misiones de sicariato y cobro de “impuesto de guerra” a transportistas y comerciantes.

Otro caso que está documentado es la sustracción de 23 fusiles del almacén de la posta policial de la colonia San Francisco, los cuales fueron facilitados a miembros de las pandillas que operan en esa zona de la capital.

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Juan Manuel Ávila Meza, este oficial también está acusado de narcotráfico en Estados Unidos. El informe de Sercaa lo coloca como uno de los operadores y socios de la MS.

Los investigadores indicaron que con estas mismas armas de reglamento y de uso oficial los pandilleros se enfrentaron a la propia Policía.

Por este caso, fue asesinada en abril de 2014 en un bus de la ruta urbana la agente de policía Marbella Pinot Martínez (de 33 años), quien denunció el caso a sus superiores.

Por otra parte, en el informe de Sercaa se menciona a un subinspector y a un suboficial como los responsables de “conspirar prestando armas del almacén de la Policía Nacional a la MS por medio de su jefe David Elías Campbell Licona y su hijo David Elías Campbell Ríos”.

Asimismo, se les involucra en el masivo robo de 300 fusiles de las bodegas de Casamata y del Comando Especial Cobras y así como otras armas decomisadas a ciudadanos que no tenían permiso de portación.

Ambos oficiales formaban parte de la estructura de Campbell y fueron separados por el mando policial, pero el 4 enero de 2013 se reincorporaron a la Policía al haberse decretado la inconstitucionalidad del decreto 89-2012.

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Ludwin Criss Zelaya Romero, este exsubcomisario fue extraditado recientemente a EUA por los delitos de narcotráfico y posesión de armas. También colaboraba para la MS, según el informe.

La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) estableció en sus investigaciones el vínculo entre estos policías y otra banda criminal denominada “el combo que no se deja”.

Según investigaciones de LA PRENSA, desde 2012 desaparecieron de las bodegas de la Policía al menos 350 armas de diferente calibre, entre las cuales resaltan Falk, Galil, fúsiles de asalto R-15, AK-47, lanzagranadas y pistolas automáticas, la mayoría de las cuales están en manos de pandillas y del crimen organizado.

Esta información se encuentra en poder de la Secretaría de Seguridad, la Dirección de la Policía, la Comisión de Depuración Policial y el Ministerio Público.

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