Razones detrás de la renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay
La Presidencia de Paraguay enfrenta un nuevo escenario político tras la renuncia de Santiago Peña, en medio de cuestionamientos financieros y un proceso de juicio político
- Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 13:19 -
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves 5 de noviembre su decisión de abandonar el cargo, en medio de una crisis política y financiera desatada por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. El anuncio se produjo horas antes de que el Congreso avanzara en el proceso de juicio político promovido en su contra.
La decisión fue comunicada mediante un video publicado en su cuenta oficial de la red social X. En el mensaje, el mandatario explicó que consideraba necesario dar un paso al costado para evitar que la situación continuara afectando la estabilidad del país.
Durante su intervención, Peña aseguró que su prioridad era proteger la institucionalidad paraguaya y evitar que las diferencias políticas provocaran mayores consecuencias para la población.
El mandatario aprovechó el mensaje para dirigirse a los ciudadanos y ofrecer disculpas por los errores que pudo haber cometido durante su administración. Asimismo, insistió en que su decisión respondía a la necesidad de preservar la tranquilidad y la convivencia democrática.
Uno de los principales puntos de su pronunciamiento estuvo relacionado con los clientes de Ueno Bank, quienes enfrentan incertidumbre por la crisis financiera. Peña expresó su preocupación por los ahorros de miles de paraguayos y pidió garantizar la protección de sus depósitos.
En ese sentido, solicitó que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpliera con su función y asegurará la recuperación de los recursos de los afectados. Ueno Bank cuenta con aproximadamente tres millones de clientes y administraba entre 800 y 850 millones de dólares pertenecientes al Estado, según datos citados por Associated Press.
La renuncia fue anunciada después de que 35 diputados opositores y disidentes del oficialismo presentaran una acusación constitucional contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Los legisladores señalaron la necesidad de establecer responsabilidades por los cuestionamientos relacionados con el grupo empresarial vinculado a Ueno.
La crisis política se profundizó cuando el expresidente Horacio Cartes, quien también preside la Asociación Nacional Republicana (ANR), anunció que el Partido Colorado respaldaría el juicio político contra el mandatario.
Cartes manifestó públicamente su rechazo a cualquier actuación que pudiera perjudicar los recursos públicos y privados, así como los fondos destinados a los jubilados. Además, sostuvo que su agrupación política debía contribuir a recuperar la institucionalidad del país.
El pronunciamiento del dirigente colorado representó un duro golpe para Peña, debido a que el respaldo de su propio partido resultaba determinante para sostenerse en el poder. La posibilidad de enfrentar una destitución con el apoyo de sectores oficialistas agravó la crisis en el Ejecutivo.
Por su parte, la Cámara de Diputados recibió el miércoles el documento acusatorio respaldado por 35 firmas, entre ellas las de Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo. La solicitud se fundamentó en el artículo 225 de la Constitución paraguaya e incluyó también al vicepresidente Alliana.
Posteriormente, los diputados aprobaron por unanimidad dar trámite al juicio político y remitieron el expediente al Senado, donde los legisladores debían definir los siguientes pasos del procedimiento constitucional.
Mientras se desarrollaba la confrontación política, el Ministerio Público avanzó en las investigaciones relacionadas con las operaciones financieras de Ueno Bank. La Fiscalía imputó a 27 personas por supuestas irregularidades cometidas entre 2025 y 2026.
De acuerdo con las investigaciones, algunas empresas pertenecientes al mismo grupo económico habrían recibido préstamos y sobregiros bajo condiciones que presuntamente no cumplían con los criterios habituales de evaluación de riesgos crediticios. Además, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el fundador de la entidad bancaria.
Ante la preocupación de los depositantes, el Congreso aprobó una legislación de emergencia que posteriormente fue promulgada por Peña. La normativa contempla anticipos del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 40 salarios mínimos mensuales por persona, equivalentes a unos 121,7 millones de guaraníes, con un plazo máximo de cinco días hábiles para efectuar los pagos.
