Natural Resource Governance Institute (NRGI) reveló un estudio que midió la calidad del Estado de derecho y el control de desvío de recursos públicos en 209 países, dejando en evidencia a las naciones más corruptas de América Latina.
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El estudio posicionó a Venezuela como el país más corrupto de América Latina. De los 209 países analizados, el país dirigido por Nicolás Maduro figura en el puesto 199.
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En el segundo puesto de los países de la región más afectados por la corrupción se encuentra Bolivia.
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Ecuador se sitúa en el tercer puesto de los países más corruptos de la región, según el NRGI.
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Guatemala se sitúa en el cuarto lugar del ranking tras el escándalo de la Línea que desató sendas protestas contra el presidente Otto Pérez Molina, actualmente encarcelado por dicho caso junto a la vicepresidenta Roxana Baldetti.
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Honduras se sitúa en el quinto lugar tras el escándalo de corrupción del Seguro Social, que sacudió al país. Los indignados exigen a través de 'La marcha de las antorchas', la instalación de una comisión internacional contra la impunidad.
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Argentina's Lionel Messi gestures during the 2018 World Cup qualifier football match against Peru in Buenos Aires on October 5, 2017. / AFP PHOTO / Alejandro PAGNI
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Continúa en la lista Paraguay. “El último año en América Latina nos ha demostrado que el problema (de la corrupción) existe, es real, y que lo que estamos haciendo no alcanza”, reconoció el director de proyecto del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el uruguayo Ricardo Gil.
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Nicaragua se encuentra en el octavo lugar y continúa siendo considerada como una de las naciones más corruptas de América Latina.
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En Perú, las investigaciones a la primera dama Nadine Heredia por supuesto lavado de dinero durante la campaña del presidente Ollanta Humala han desatado las protestas en la calle.
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El Salvador se encuentra en el décimo lugar, en momentos que el expresidente Francisco Flores es procesado por delitos de corrupción.
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En México, el presidente Enrique Peña Nieto ha estado bajo el escrutinio por supuestos conflictos de intereses ligados a una mansión valorada en 7 millones de dólares y registrada a nombre de la primera dama, Angélica Rivera.