Crisis en Guatemala: Cuarto día de protestas y bloqueos contra el Ministerio Público

Indígenas y campesinos bloquearon este jueves por cuarto día consecutivo unas 20 rutas de Guatemala para exigir el cese de una supuesta persecución electoral en Guatemala, que buscaría impedir la asunción del presidente electo, Bernardo Arévalo.

Los manifestantes, en su mayoría indígenas y campesinos, mantienen cerrados tramos de transitadas carreteras como la Interamericana, así como las rutas que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras, según la estatal dirección general de Protección y Seguridad Vial.

Este jueves se unieron a las protestas pobladores indígenas de Quiché (norte) y de Escuintla (sur).

El líder indígena, Luis Pacheco, presidente de la junta directiva de los 48 cantones del departamento de Totonicapán, al oeste de la capital, donde iniciaron los bloqueos y protestas, adelantó que “seguirán las paralizaciones” por tiempo indefinido.

Arévalo sufrió un revés el miércoles cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso que interpuso para frenar la ofensiva de tres funcionarios judiciales, a quienes acusa de orquestar un “golpe de Estado” para impedirle asumir el poder.

El gobierno saliente del presidente derechista Alejandro Giammattei descartó el miércoles que haya un supuesto desabastecimiento de combustible a causa de los bloqueos, en tanto, el Ministerio Público (Fiscalía) anunció que su página web fue jaqueada.

En Ciudad de Guatemala policías mantienen acordonado el perímetro del aeropuerto internacional La Aurora, ante rumores de que los manifestantes pretendían tomar las instalaciones, según la Aeronáutica Civil.

Los bloqueos iniciaron el lunes en contra de los allanamientos de la sede del tribunal electoral para secuestrar las actas de las elecciones pasadas, el pedido para quitar los fueros a los magistrados de ese organismo e intentar cancelar el partido Semilla, de Arévalo.

Los manifestantes piden las renuncias de la fiscal general Consuelo Porras, del jefe de la fiscalía contra la impunidad Rafael Curruchiche y del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quienes mantienen la cruzada legal postelectoral.

Los tres funcionarios están incluidos en una lista de “actores corruptos” y antidemocráticos de Estados Unidos.