España ha sido tradicionalmente un país de emigración. Hasta bien entrado el último tercio del pasado siglo muchos españoles solían abandonar su país para labrarse un porvenir en el norte de Europa o en América, como ‘correspondía’ a uno de los países más pobres e inestables de Europa.
Y fue más tarde aún, hasta 1990 más o menos, cuando España se comenzó a convertir en país receptor de inmigración. Por eso las leyes españolas tradicionalmente se habían ocupado poco de la inmigración.
La primera Ley de Extranjería data de 1985 y en contraste con la situación previa fue la más dura de Europa, hasta el punto de que muchos de sus artículos fueron anulados por el Tribunal Constitucional. La razón era que España iba a entrar en la Unión Europea, en 1986, y no quería ser considerada puerta de entrada al territorio comunitario.
Con las reformas, la ley se volvió más progresista y una nueva ley en el año 2000 amplió los derechos de los inmigrantes. Sin embargo, el Partido Popular, cuando gobernó con mayoría absoluta en los primeros años de la década, y los nacionalistas catalanes introdujeron reformas restrictivas que de nuevo fueron anuladas por los tribunales dando así origen a la ley actualmente vigente, que data de 2003, ley que establece la igualdad entre extranjeros y españoles en cuanto a los derechos básicos y mecanismos de naturalización en el país y residencia permanente.
Pero todo eso, por supuesto, aplicado a inmigrantes ‘legales’. Quienes entraban ilegalmente en el país, que fueron varios cientos de miles en el periodo 1995-2004 incluidos cientos de hondureños, quedaban en un limbo jurídico del que fueron sacados en buena parte con la regularización que realizó el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) cuando llegó al poder en 2004.La medida convirtió en ‘legales’ a más de 700,000 que comenzaron a tener derechos.
La crisisPero la situación ha cambiado. La crisis económica mundial está afectando a la Unión Europea y a España en mayor medida con lo que la inmigración ha dejado de ser ‘necesaria’.
Así, hace pocas semanas que la Unión Europea ha promulgado una directiva sobre inmigración de cariz restrictivo: descarta las regularizaciones masivas de los ‘sin papeles’, se establece el internamiento de éstos cuando son detenidos en centros que aunque no sean cárceles sí son afines –y sin régimen específico de derechos-, la posibilidad de deportación de menores, dificultades a la reagrupación familiar y prohibición de entrada en la UE durante años para los expulsados.
El Gobierno del PSOE ha asegurado que en España esta directiva no modificará la ley española. Yolanda Villavicencio, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, nacida en Colombia y primera diputada española de origen inmigrante, señala que “en Europa el signo político ha cambiado”. “Ahora hay gobiernos conservadores en Francia con (el presidente Nicolas) Sarkozy y en Italia con (el primer ministro Silvio) Berlusconi y éstos impulsan reformas restrictivas en materia de derechos para los inmigrantes, porque el populismo de derecha tiende a identificar a este grupo social con la crisis económica e incluso a agitar el fantasma de la xenofobia.
Es muy injusto, porque fueron las necesidades laborales del desarrollo europeo, combinadas con las dificultades económicas de los países de origen, lo que creó que acudiese una inmigración que entonces se juzgó necesaria y a la que ahora se quiere restar derechos”. En España, la situación no parece que al menos legalmente vaya a ser preocupante para quienes están aquí ahora porque “el PSOE tiene el compromiso de que esta directiva no va a modificar la legislación española. Sin embargo, vamos a vivir tiempos difíciles para la inmigración porque la crisis económica está afectando sobre todo a los sectores en los que hay más mano de obra inmigrante: la construcción, la hostelería…
El PSOE está tratando de promover medidas para que la situación no sea demasiado traumática. Por ejemplo, se están realizando planes de recolocación laboral y establecido un plan de retorno voluntario para quien encuentre dificultades para su permanencia en España. Sin embargo, no podemos olvidar que el Partido Popular ha apoyado en el Parlamento Europeo medidas que restringían derechos a la inmigración y no podría descartase que si en un futuro tomasen el poder, planteasen reformas en el mismo sentido”.Retorno voluntario.
Pero ya han aparecido medidas como el aumento del periodo de internamiento de ‘sin papeles’ de 40 a 60 días, y las dificultades a la reagrupación familiar, que afecta sólo a cónyuges e hijos. Y la política del retorno voluntario no parece seducir especialmente a los inmigrantes, según la asociación Aesco, dedicada a la asistencia a la inmigración.
El hecho de que quien se acoja al programa deba renunciar al ingreso en la UE en cinco años, aunque pueda recibir de una vez todas las prestaciones sociales a que tiene derecho (varios miles de euros) disuade a muchos inmigrantes aunque estén actualmente en situación de desempleo. Como dice Ángela, inmigrante hondureña en Madrid, “aquí, en esta situación, estoy mejor que allá (en Honduras) siendo legal. Aquí puedo mantenerme, alojarme y enviar dinero a mi hija. Allá trabajar apenas me daba para comer…”.
¿En qué medida afecta a la inmigración hondureña en España este cambio de ciclo? Se estima que en España hay unos 30,000 inmigrantes hondureños, mayoritariamente radicados en el País Vasco y Cataluña y dedicados en gran parte a los sectores de la construcción, hostelería y servicio doméstico.
¿Cuál es la situación de los ‘sin papeles’, que incluso han seguido llegando con posterioridad a la regularización de 2004? A ellos vamos a dedicarnos en nuestra próxima entrega. Regreso voluntario o expulsión por ley Se puede decir alto pero no más claro. Si antes Europa no quería inmigrantes “sin papeles”, los quiere todavía menos desde la aprobación por la Eurocámara del texto que salió del consejo de ministros de Justicia del 5 de junio y que entrará en vigor hacia julio de 2010.
En adelante, el que entre en territorio europeo sin visado podrá regresar voluntariamente a su país de origen, en un plazo de entre 7 y 30 días, aunque tener niños escolarizados podría ser un factor de ampliación de este tiempo. Rechazar este “ofrecimiento” acarreará una detención por una orden administrativa que posteriormente será confirmada judicialmente.
De llevarse a cabo el arresto, el inmigrante podrá pasar 6 meses en un centro de internamiento, que no en prisiones, y con la garantía de una asistencia judicial gratuita. Ocultar su país de origen o que éste se niegue a acoger le supondrá al inmigrante una estancia prolongada de hasta 18 meses, por lo que Europa buscará previamente acuerdos de readmisión con terceros países a fin de facilitar el retorno de los indocumentados. Una vez expulsado, el inmigrante no podrá volver a poner los pies en Europa en cinco años, salvo que se vaya voluntariamente.
Los inmigrantes menores de 18 años no acompañados también podrán ser repatriados, incluso a terceros países donde no tengan un tutor o una familia, siempre que haya “estructuras adecuadas de acogida”. Eso sí, a la hora de decidir su expulsión, se tendrá en cuenta “el mejor interés” y mientras estén retenidos, se les garantizará el “acceso a la educación”. Regreso voluntario o expulsión por ley Se puede decir alto pero no más claro. Si antes Europa no quería inmigrantes “sin papeles”, los quiere todavía menos desde la aprobación por la Eurocámara del texto que salió del consejo de ministros de Justicia del 5 de junio y que entrará en vigor hacia julio de 2010.
En adelante, el que entre en territorio europeo sin visado podrá regresar voluntariamente a su país de origen, en un plazo de entre 7 y 30 días, aunque tener niños escolarizados podría ser un factor de ampliación de este tiempo. Rechazar este “ofrecimiento” acarreará una detención por una orden administrativa que posteriormente será confirmada judicialmente.
De llevarse a cabo el arresto, el inmigrante podrá pasar 6 meses en un centro de internamiento, que no en prisiones, y con la garantía de una asistencia judicial gratuita. Ocultar su país de origen o que éste se niegue a acoger le supondrá al inmigrante una estancia prolongada de hasta 18 meses, por lo que Europa buscará previamente acuerdos de readmisión con terceros países a fin de facilitar el retorno de los indocumentados.
Una vez expulsado, el inmigrante no podrá volver a poner los pies en Europa en cinco años, salvo que se vaya voluntariamente. Los inmigrantes menores de 18 años no acompañados también podrán ser repatriados, incluso a terceros países donde no tengan un tutor o una familia, siempre que haya “estructuras adecuadas de acogida”. Eso sí, a la hora de decidir su expulsión, se tendrá en cuenta “el mejor interés” y mientras estén retenidos, se les garantizará el “acceso a la educación”.
