La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) busca recuperar y fortalecer al sector agroalimentario hondureño, a través de una política de Estado, que propone, entre otras cosas, emplear acciones enfocadas en la investigación, la tecnificación, el financiamiento y la inversión en gestión de riesgos.
La normativa, que estará vigente durante 20 años (2023-2043), comprende un marco de lineamientos para facilitar la creación de leyes, estrategias y planes nacionales encaminados a alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria, así como el impulso a la economía.
En entrevista con LA PRENSA, la ministra de la SAG, Laura Suazo, explicó que para formular dicha política se reunieron con cerca de 500 personas de diferentes rubros para conocer sus necesidades y los retos que enfrentan.
Fue así como se llegó a la conclusión que la mayoría de los desafíos que enfrenta el sector agroalimentario están vinculados con el acceso a medios de producción como el agua, la tenencia de la tierra, el financiamiento y la asistencia técnica.
Suazo señaló que esta política se centra en nueve ejes estratégicos. El primero es el fomento a la producción, a través del aumento a la inversión financiera, el acompañamiento en temas de fertilización y manejo de cultivos, así como el procesamiento y comercialización para que los productores accedan de forma directa a los mercados.
En segundo lugar está el fortalecimiento del Sistema Nacional de Riego, para lo que propone una revisión al Programa Nacional de Fomento a la Agricultura Irrigada.
En tercer lugar propone crear el Sistema Nacional de Suelos y Fertilizantes, destacando la necesidad de fomentar iniciativas de investigación.
En cuarto lugar está el acceso a la tierra. La Pesah establece que se instruya al Instituto Nacional Agrario hacer una evaluación del impacto de la reforma agraria, con el fin de encontrar respuestas a las diferentes problemáticas y asegurar el acceso a la tierra.
Como quinto punto está el fortalecimiento institucional de la SAG, por medio de la creación de un sistema nacional de extensión agroalimentaria, la implementación de tecnología para simplificar trámites, la actualización del Censo Nacional Agropecuario y la creación de un sistema de información dinámico para los productores.
A esta le sigue el financiamiento para la inversión, para lo que se sugiere la creación de una estrategia nacional de financiamiento agrícola, que incluya un seguro para disminuir el riesgo de invertir.
A este le sigue fomentar un enfoque productivo empresarial, el impulso a la agroindustria y la garantía de la sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos que se producen en el país.
El documento también propone crear programas para fomentar el desarrollo genético, el manejo y conservación de suelos, el desarrollo pesquero, la agricultura familiar, el cultivo del café, la agroforestería, el comercio y la innovación.
Todo esto, requerirá una inversión de L156,478 millones. Suazo dijo que para financiar la política gestionarán fondos estatales, alianzas con cooperantes y préstamos con bancos multilaterales.
Agregó que los fondos serán asignados de forma quinquenal y que tienen un plan de monitoreo y evaluación para asegurar que se cumpla con la normativa.
No obstante, aunque la política parece esperanzadora, gran parte de la población permanece escéptica, debido a experiencias pasadas. Tal es el caso del expresidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), José Segovia, quien ha criticado que durante su gestión se elaboró una política similar, pero no se pudo implementar debido a la falta de “voluntad y gobernanza”.
Segovia considera que lo mismo sucederá con la Pesah 2023-2043, debido a la corrupción, falta de voluntad, inseguridad jurídica, la inestabilidad política y el RD Cafta.
