Las seis fincas camaroneras y una empacadora ubicadas en los departamentos de Valle y Choluteca siguen siendo un botín apetecido por diversos sectores empresariales nacionales.
Desde hace dos años, la propiedad del grupo camaronero Hondufarms-Ibermar ha estado en disputa; aunque a la fecha no se ha adjudicado debido a las constantes denuncias de maniobras que habrían estado haciendo personajes cercanos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo para hacerse del control de la compañía.
A partir de las denuncias, los políticos, coludidos con supuestos inversionistas, han querido apropiarse de esos bienes nacionales contraviniendo las disposiciones legales aprobadas.
Pero a la disputa se han sumado también los empleados de las plantas, quienes pujan por reivindicar su derecho de acceder al manejo de la empresa, para lo cual han presentado una propuesta al Ejecutivo en la que plasman su intención de quedarse con el negocio.
Las autoridades de la Secretaría de Finanzas, quienes tienen a su cargo la presidencia del consejo de administración de Hondufarms-Ibermar, han establecido que esos bienes serán sometidos a subasta pública, teniendo como precio base 160 millones de lempiras.
En los últimos dos años, ese grupo empresarial, que en su momento perteneció al desaparecido Banco Corporativo S.A., Bancorp, ha registrado serios problemas financieros por el conflicto entre trabajadores y la administración, a lo que se agrega una deuda de 20 millones de lempiras que un supuesto empresario cubano-estadounidense se niega a pagar.
Las propuestas
Con la llegada del Partido Nacional al poder, el grupo Hondufarms-Ibermar se convirtió en un objetivo de un grupo de empresarios y diputados, quienes han venido presionando para quedarse con esos bienes.
La última propuesta que han presentado al Gobierno es obtener la administración de esas empresas públicas a través de un contrato de arrendamiento por tres años. Así está establecido en un documento que ya es del conocimiento del subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Carlos Borjas, quien preside el consejo de administración.
En la operación ha sido denunciado un ejecutivo de un conocido grupo camaronero que opera en Choluteca y un diputado de ese departamento. Para concretar la operación están usando la razón social de una corporación mercantil, la que ha sido presuntamente vinculada con varios negocios y contratos con el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.
Esta es la segunda ocasión en que se pide el arrendamiento de las camaroneras; aunque en la anterior se estipulaba la opción de compra. Los empleados también están pujando por el control de las camaroneras.
La asociación de empleados, por medio de su presidente, Wilson Lozano, y su secretaria, María de los Ángeles Núñez, también han dado a conocer su propuesta para el manejo del complejo.
La iniciativa es respaldada por las cooperativas aglutinadas en la Comisión de Desarrollo del Golfo de Fonseca, Coodefagolf. En el documento, la asociación se compromete a mejorar los niveles de productividad de la empresa, manteniendo la estructura operativa y garantizando los puestos de trabajo al personal actual.
También hay otro grupo de trabajadores que laboran en la parte técnica (manejo de las fincas), quienes también han expresado su interés por el manejo de Hondufarms-Ibermar; pero a estos se les acusa de estar coludidos con empresarios y políticos, lo que dio lugar a que Coodefagolf les retirara el apoyo que les brindó inicialmente.
El acuerdo
Según el Acuerdo 0846 de la Secretaría de Finanzas fechado en 2009, en su artículo 3 manda “nombrar una comisión integrada por funcionarios y empleados de esta Secretaría de Estado para que procedan a preparar todo el procedimiento de subasta pública de las acciones de las empresas -grupo camaronero Hondufarms-Ibermar-, previo avalúo efectuado por una comisión nombrada de conformidad con el Artículo 114 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 40 de su reglamento, quienes definirán el precio base de las mismas”.
Al 31 de diciembre de 2007, el valor en libro de las seis fincas y la empacadora era de 121.7 millones de lempiras. A finales de 2011, el subsecretario de Presupuesto dijo que el precio base para la subasta pública era de 160 millones de lempiras. Además, Borjas declaró en esa ocasión que esos bienes solo podían ser subastados de manera total y no parcial.
El Acuerdo 0846 no estipula el arrendamiento de Hondufarms-Ibermar como lo han planteado por segunda vez un grupo de empresarios y políticos.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS, cuenta con un dictamen técnico y legal que estipula que ese grupo camaronero “solo puede venderse íntegro y no por partes; asimismo, tampoco se puede alquilar parcial o total el proyecto de las fincas y la empacadora en liquidación en la zona sur”. En marzo de 2005, la CNBS convocó a un remate de esas propiedades, solicitando la cantidad de 431.7 millones de lempiras, pero fue declarada fracasada la subasta pública.
No obstante, a finales de 2010 un grupo de inversionistas estadounidenses presentó una oferta por 7.5 millones de dólares por los activos de Hondufarms-Ibermar, la que fue rechazada por la Secretaría de Finanzas.
Se espera que en el primer semestre del presente año el Gobierno someta a subasta las acciones de ese grupo camaronero que opera en Choluteca y Valle.
