Una importante reforma a la Ley de Tarjetas de Crédito fue oficialmente publicada en el Diario Oficial La Gaceta, según confirmó este sábado el Comisionado Presidencial para la Comunicación Estratégica, Geovanny Domínguez.
El decreto, aprobado previamente por el Congreso Nacional, introduce cambios clave que prometen alivio financiero a miles de tarjetahabientes hondureños.
Domínguez calificó la medida como “una gran noticia para los usuarios de tarjetas de crédito”, destacando que con esta reforma se limita el cobro excesivo de intereses y se establece un esquema más justo para la aplicación de pagos.
¿Qué cambia con la reforma?
De acuerdo con la publicación oficial, ahora los pagos realizados por los tarjetahabientes —ya sean inferiores, iguales o superiores al saldo total del último estado de cuenta— se aplicarán prioritariamente a los cargos más antiguos, lo que permitirá reducir el pago de intereses acumulados, ya que estos se generaban sobre saldos recientes sin importar el historial de pago.
Además, se establece que el saldo de capital sobre el cual ya se han pagado intereses no podrá generar nuevos intereses. Ese monto se considerará como un cargo nuevo a partir de la fecha de corte, eliminando así la práctica de cobrar intereses sobre intereses, una de las principales quejas de los usuarios.
El nuevo artículo 36 reformado de la ley, como aparece en La Gaceta N.º 36,856, de fecha 5 de junio de 2025, señala que mientras el saldo total sea cancelado entre la fecha de corte y la fecha de vencimiento, no se deberán generar intereses adicionales.
Esta disposición representa un alivio considerable para quienes realizan esfuerzos por mantener al día sus obligaciones con las tarjetas de crédito.
Instituciones bancarias deben atender disposición
Con la publicación oficial del decreto, las instituciones financieras emisoras de tarjetas de crédito deberán adaptar sus sistemas de cobro y facturación a las nuevas reglas.
Las autoridades indicaron que vigilarán el cumplimiento de esta disposición y que se brindará información adicional al público para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados.
