El impacto que tendrá la entrada en vigor de la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública sigue siendo motivo de discusión en el seno de la empresa privada.

Ayer, tras un análisis que incluyó al Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Asociación Nacional de Industriales, el sector minero afirmó que defenderá los derechos adquiridos ante instancias jurídicas locales e internacionales.

El artículo número 1 de esta Ley autoriza la constitución de un programa integral de titularización de flujos financieros potenciales sobre activos ociosos del Estado, con el fin de que los mismos sean utilizados para el pago o readecuación de la deuda pública, a más largo plazo y en mejores condiciones financieras que las actuales, y para el aporte de capital semilla que haga viables financieramente el o los proyectos de explotación racional de los recursos o de infraestructura referidos en este decreto. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas de racionalización del gasto y otras que se deban tomar.

Ante esta pretensión, el presidente de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamimh), Marvin Bautista, dijo que “esperamos que el Gobierno respete estos derechos, porque las concesiones fueron brindadas en legal y debida forma de acuerdo con marco jurídico vigente en esa época”.

Concesiones congeladas

Si los concesionarios no han realizado estas inversiones es porque aún no existe seguridad jurídica en el país, fueron “congeladas” desde 2006 las concesiones y 13 artículos de la Ley de Minería fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, recordó Bautista. En ese sentido, los concesionarios que tenían los recursos prefirieron postergar sus inversiones por falta de seguridad jurídica. Los industriales que tenían la concesión, pero carecían de los recursos propios para invertir, enfrentaron problemas para lograr un acuerdo con los financistas de los proyectos.

De manera recurrente, el presidente Porfirio Lobo ha señalado que existen varias empresas en el país a las que se les adjudicó el desarrollo de concesiones mineras desde hace décadas, pero no las han puesto en marcha, quizá a la espera de vender estos derechos a terceros.

El presidente de Anaminh respondió que esta ley mantiene en incertidumbre a los socios de las empresas agremiadas porque el Gobierno les puede quitar los derechos de explotación minera adquiridos durante varios años.