Tegucigalpa
El número de personas con empleo ha disminuido en Honduras. Así lo indica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través de la Encuesta Permanente de Hogares.
Para julio de 2021, la fuerza de trabajo del país estaba compuesta por 4,071,227 personas, de las que 3,722,370 eran ocupados y 348,858 desocupados. Para septiembre de 2022, de acuerdo con el informe “Mercado laboral” del INE, la fuerza de trabajo ascendió a 4,012,512 personas, con 3,664,000 ocupados y 348,513 desocupados.
La situación del empleo en Honduras empeoró en el bienio 2021-2022. La población ocupada se redujo en 58,370 plazas al pasar de 3,722,370 a 3,664,000 personas. No obstante, la información oficial indica que el gran reto del país continúa siendo la población subocupada. Para julio 2021 se registraron 1,537,413 personas subocupadas, de las que 1,002,123 reportaron insuficiencia de ingresos y 535,290 insuficiencia de tiempo de trabajo.
Además
La Ley de Justicia Tributaria, que ya se encuentra en el Congreso Nacional, busca eliminar 10 de los 18 regímenes especiales que existen en el país y crear dos nuevos en los que se aglutinarían los beneficios fiscales ya existentes. La propuesta no cuenta hasta el momento con el acompañamiento de las bancadas de la oposición.
Para septiembre de 2022, que es el último dato disponible del mercado laboral publicado por el INE, 1,846,507 personas se encontraban en la categoría de subocupados, de los que 1,278,832 manifestaron insuficiencia de ingresos y 567,675 insuficiencia de tiempo de trabajo.
Entre julio de 2021 y septiembre de 2022, el número de subocupados se incrementó en 309,094 personas. Entre los factores que impactaron en el mercado laboral hondureño, de acuerdo con expertos consultados, se encuentran la derogatoria de la Ley del Empleo por Hora y el clima de negocios.
Ley Tributaria
Las cifras de la encuesta del INE contrastan con la proyección que ha hecho el sector privado en caso de aprobarse la Ley de Justicia Tributaria, que impulsa el Poder Ejecutivo y que ya se encuentra en el Congreso Nacional.
El sector empresarial ha señalado que esta normativa generaría la pérdida de unos 450,000 empleos directos. Referida propuesta busca eliminar las exoneraciones fiscales que permiten al sector ser competitivo.
