06/12/2025
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Lucha de poder debilita cada vez más al mipyme

  • 16 diciembre 2010 /

El sector microempresarial, tan importante en el esquema macroeconómico de Honduras en virtud de la cantidad de empleos que genera en el país.

    El sector microempresarial, tan importante en el esquema macroeconómico de Honduras en virtud de la cantidad de empleos que genera en el país, ve amenazado su crecimiento y desarrollo a causa de las divisiones internas que merman las fuerzas del gremio.

    La situación es particularmente preocupante en San Pedro Sula, tradicional motor económico del país, en cuya región se produce alrededor del 70% del producto interno bruto y en donde la microempresa representa decenas de miles de puestos de trabajo. Analistas económicos como el presidente del capítulo sampedrano del Colegio Hondureño de Ecomomistas, CHE, Jorge Interiano, han señalado que la microempresa jugará un papel fundamental en impulsar el desarrollo del país, lo que no será posible en tanto persista el divisionismo dentro del sector.

    “Institucionalmente están más débiles ahora que antes”, comenta Interiano, quien agrega que si siendo un grupo unido han tenido poca atención del Gobierno, divididos, están esperando a ver cómo se las arreglan antes de poder optar a cualquier intervención a favor del gremio en general.

    Divididos

    Toda esta preocupación gira en torno a lo que ocurre en la regional sampedrana de la Asociación Nacional de la Pequeña y Mediana Industria, Anmpih, situación que mantiene enfrentadas a dos juntas directivas en una lucha por obtener la legitimidad ante sus propios miembros y ante los entes reguladores del Gobierno. Los mismos miembros de la asociación han manifestado su preocupación por lo que ha estado sucediendo durante el año.

    “Esta situación está afectando en gran manera a las pequeña y mediana empresas porque no hay reuniones ni proyectos y se está estancado esto”, comentó Wilfredo Ordóñez, afiliado a Anmpih.

    Marlin Mena, miembro también de Anmpih, dijo que ha optado por retirarse de participar en las actividades de la organización.

    “Me retiré de la asociación, me desconecté del todo y me puse a trabajar”, aseguró.

    Añadió que tenían esperanza de salir adelante con la ayuda que recibirían del Gobierno, con la cual, de momento, no cuentan.

    “Habíamos cifrado esperanzas de ayuda de parte del Gobierno y no se logró porque ningún Gobierno va a ayudar a personas que están divididas”, señaló.

    La Anmpih tiene alrededor de 500 afiliados en San Pedro Sula, lo que la convierte en una de las regionales más grandes e importantes de la organización.

    El inicio del conflicto

    Los orígenes de la actual problemática se pueden trazar hasta la suspensión, en febrero de 2009, del señor José Fernández, que hasta entonces había fungido como presidente de la asociación en San Pedro Sula y a quien se le imputó una presunta malversación de los fondos de la organización. Con la salida de Fernández, la representación regional de Anmpih pasó a manos de Alans Tito Valle, quien a partir de entonces se convirtió en presidente por ley. En mayo de 2010 se presentó una nueva junta directiva presidida por el abogado Humberto Domínguez. Sin embargo, hacia mediados de noviembre pasado, la junta directiva nacional de Anmpih comunicó que la directiva encabezada por Domínguez no gozaba del reconocimiento de la directiva nacional, a la vez que reafirmaba el reconocimiento de Valle como presidente regional de la organización, si bien se mantenía en forma interina.

    Interrogado sobre el tema, Domínguez dijo: “Puedo mostrar mi documentación en la que me reconoce el Ministerio de Gobernación y Justicia, que no reconoce ni inscribió a la otra directiva, por lo que están usurpando”. Valle por su parte indicó: “El gobernador de Cortés firmó un documento que no le correspondía. La organización sólo la reconoce Gobernación y Justicia a nivel nacional, no a las regionales, porque esas las reconoce la junta directiva nacional”.

    Gabriel García Ardón, actual gobernador político por el departamento de Cortés, comentó a su vez que “cuando el abogado Domínguez presentó su documentación, Gobernación lo único que hizo fue juramentarlo. Por lo demás, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en lo que están peleando ellos”.

    José Enrique Núñez, presidente de la directiva nacional de Anmpih, explicó que la directiva presidida por Domínguez no siguió el procedimiento establecido para acceder a la presidencia y representación de la organización en la regional sampedrana y, por tanto, no puede ser reconocida como legítima.

    “No ha habido otra reunión ni asamblea para elegir junta directiva porque la regional de San Pedro Sula en este momento está intervenida por los problemas internos”.

    De acuerdo con Núñez, la junta directiva nacional de Anmpih ha llevado el asunto ante los tribunales y está a la espera de una resolución que termine con el conflicto. Domínguez por su lado dirige la atención a una cuestión de fondo al declarar: “Al final, estas peleas internas lo único que hacen es dañar a la asociación, al país y a los pequeños, que somos nosotros”.

    Hasta ahora ni la Anmpih ni Gobernación han dado una solución a este conflicto; mientras, 1.5 millones de hondureños buscan empleo en el país y las más de 500 mil mipymes son su tabla de salvación, pero enmedio de este conflicto difícilmente podrán albergarlos.

    Lo que dicen los estatutos

    LA PRENSA obtuvo acceso a una copia de los estatutos de la Anmpih en busca de una respuesta sobre las provisiones que su propio reglamento hace en caso de que surjan conflictos en sus juntas directivas. Tras analizarlos, se descubrió que aunque el capítulo octavo de los estatutos enumera a partir del artículo 28 y hasta el artículo 34 las atribuciones y los deberes de los miembros de la junta directiva y el capítulo noveno, a partir del artículo 35 y hasta el 37, enumera las facultades y deberes de los presidentes de las juntas directivas, los estatutos no establecen de manera explícita cuál es el procedimiento a seguir en caso de conflictos como el generado alrededor de la oficina regional de San Pedro Sula.

    El capítulo séptimo, en su artículo 18 sí expresa que “la Asamblea General constituye la autoridad suprema y expresa la voluntad de la Asociación”.