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'La competencia depende de una ley eficiente”

  • Actualizado: 17 septiembre 2011 /

El presidente de la Comisión Federal de Competencia de México, Eduardo Pérez-Motta, habló con LA PRENSA.

En los últimos meses, algunas prácticas anticompetitivas en Honduras han sido sancionadas con multas o recomendaciones que no siempre llegan a concretarse, en detrimento de los consumidores.

En otros países, como México, las autoridades se encaminan al control de la competencia en los mercados al hacer cambios en las leyes que ahora les permiten multar a las empresas hasta con el 10% de sus ventas por incurrir en actos violatorios. Eduardo Pérez-Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia de México y quien impuso una multa millonaria a América Móvil de Carlos Slim, estuvo recientemente en Honduras y dio sus impresiones sobre el asunto.

¿Cómo debe funcionar una verdadera política de competencia en los mercados?

La política de competencia tiene dos vertientes o retos: una tiene que ver con las estructura regulatoria, cómo lograr que la intervención del Estado, por medio de la regulación y las decisiones administrativas, sea una intervención que promueva una mayor eficiencia en los mercados. Otro gran reto es la aplicación del derecho a la competencia, evitando prácticas anticompetitivas privadas, empresas que puede abusar de su dominio en los mercados, desplazando indebidamente a sus competidores o empresas que se ponen de acuerdo con otras para no competir en precios y en ofertas.

¿Qué resultados han tenido en México al aplicar verdaderas políticas de competencia?

Hemos tenido efectos positivos en algunos sectores. Hay que tomar en cuenta que las empresas van a seguir evitando la competencia y por eso debe haber una autoridad que esté siempre pendiente de que esos mercados no sean distorsionados por actividades privadas. También ocurre que los cabildeos de muchas empresas con el Gobierno y el Poder Legislativo pretenden tratar de impedir la competencia mediante regulaciones que cierran las puertas para los competidores.

Sobre ese punto, ¿cómo logra evitar el choque que se da entre las leyes y los procesos económicos?

La Ley de Competencia es una amalgama de economía y derecho, es un reto para el Poder Judicial aquí y en cualquier otro país porque hay expertos en derecho, pero deben entender los procesos económicos, que resultan complejos. Lo que hemos hecho en México es invitar a jueces de otros países que le entienden a la parte económica para que dialoguen con los miembros del Poder Judicial.


En Honduras todavía hay concentración de mercados en varias áreas. ¿De qué manera pueden controlar mejor esto?

La concentración no necesariamente es mala. Hay mercados donde se tiene una economía de escala; eso quiere decir que el tamaño mínimo de la empresa, para que sea eficiente, es muy grande. Eso hace que haya pocos jugadores en ese mercado y es relativamente concentrado. Allí se necesita una regulación adecuada para que el mercado funcione eficientemente.

Se debe tener claro que las leyes de competencia no castigan a las empresas grandes por ser grandes, sino que las castiga cuando, por ser grandes, se aprovechan para desplazar indebidamente a sus competidores.

¿Qué debe hacer Honduras para controlar mejor la competencia?

Es muy importante una reforma de la Ley de Competencia para incrementar significativamente el castigo máximo. Eso hicimos en México. Hoy, cuando una empresa abusa de su poder dominante en el mercado, como contratos de exclusividad y subsidios cruzados, la sanción máxima que se puede imponer es del 10% de sus ventas, que significativamente mayor que lo que aplicábamos antes, de unos 8 millones de dólares.


¿Qué componentes son básicos para lograr una verdadera protección del consumidor?

Uno, la regulación de gobierno y acciones administrativas firmes y claras que muestren la voluntad de hacer más eficientes los mercados regulados, como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía. Segundo, una ley de competencia que busque aplicar el derecho a la competencia muy fuerte y sólido. Tercero, una ley de protección del consumidor moderna que asegure que el consumidor está bien informado.