San Pedro Sula. La descertificación de unos 14 productores independientes de banano le acarrearía al país pérdidas por unos $21 millones siempre que se cierren las fronteras a la exportación de la fruta proveniente de tres fincas afectadas, según representantes de ese sector agrícola.
“El país dejaría de vender unos $21 millones por la exportación, más 4 mil familias que se benefician directamente, y el efecto es ipso facto, porque en el momento que nos quitan la certificación hay un contrato que nos limita a poder salir al mercado internacional si no gozamos de la misma”, explicó Héctor Castro, presidente de la Asociación de Productores de Bananos Nacionales.
Al final de la semana anterior se conoció que una comisión de Estados Unidos descertificó a 14 productores independientes por presuntas violaciones a los derechos laborales, al supuestamente discriminar a uno de los dos sindicatos que existen en la empresa.En aquel momento, Iris Munguía, directiva de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (Festagro), explicó que la conclusión de descertificación fue emitida por la auditoría de investigación de la comisión certificadora para la exportación de productos al mercado estadounidense Rainforest Alliance”.
José Obregón, representante legal de las fincas Ana María, S.A., Bárbara, S.A. y María, S.A., explicó que el problema jurídico se originó por la existencia de dos sindicatos al interior de la empresa, ante lo cual las fincas decidieron negociar con el grupo que tiene una mayor filiación, lo que fue interpretado por la certificadora como una discriminación en contra del conglomerado más pequeño.
Entre los argumentos presentados por los productores para aclarar que no existe tal violación, está que “en el Código de Trabajo y la ley de Honduras se dice que solo puede haber un sindicato y un contrato colectivo”, añadió Obregón.
La apelación se presentó ayer, informó el jurídico. Para sustentar esta postura, han solicitado ayuda al Gobierno central a través de la Secretaría del Trabajo para que puedan explicar ante la certificadora estadounidense Rainforest Alliance que el proceso que han seguido está apegado a ley.
Continúa la exportación
Obregón explicó que actualmente no se han parado las exportaciones, ya que aún no termina el proceso de apelación de la decisión de descertificar a las fincas, que juntas producen unas 3 millones de cajas de la fruta. El representante legal de las empresas afectadas explicó que de momento “la exportación no está suspendida, lo que está suspendido es el uso del sello de certificación de Rainforest Alliance. Esta descertificación es parte del contrato que tenemos todos los productores con la Tela Railroad Company, y dentro del contrato se establece un período de seis meses para solucionar el problema”.
Si esta situación no se solucionara, Obregón mencionó que “estaríamos afectando a 14 productores que están exportando alrededor de 3 millones de cajas, dándole empleo a 1,800 familias de forma directa y unas 5,000 familias de forma indirecta”.
De paralizarse las exportaciones, la firma estima que las pérdidas rondarían los $20 millones en ingresos para el país, lo que equivaldría a una reducción en divisas del 4.52% respecto a las exportaciones totales de la fruta en 2012, que fueron de $442.4 millones.
