La administración pública de Honduras eroga cada año cuantiosos recursos de su presupuesto para cubrir el pago de demandas judiciales.
En 2022, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Finanzas (Sefin), se cancelaron 2,329 millones de lempiras. Al compararse con 2021, cuando se erogaron 2,258 millones de lempiras, se refleja un aumento de 71 millones. De esas cifras se excluyen las alcaldías.
Entre 2017 y 2022, o sea en seis años, el Gobierno central y las instituciones descentralizadas pagaron demandas judiciales por 9,118 millones de lempiras.
Arbitrajes
Honduras enfrenta actualmente tres procesos de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversionistas (Ciadi), entre ellas la de la Honduras Próspera y de la compañía Jll Capital, Siapi de CV de México. Además de un intento de Inversiones Continental Panamá.
“El crecimiento acelerado en los procesos judiciales también ha llevado a que anualmente se incrementen los pagos a realizar”, subraya la Secretaría de Finanzas.
Agrega que la ejecución de gastos judiciales sobre el Producto Interno Bruto (PIB) ha venido en aumento en el periodo analizado al pasar de 0.16% a 0.31% durante 2017-2022.
Las demandas
Según la Sefin, los procesos judiciales en contra del Estado de Honduras han venido en aumento.
Al cierre de 2022 se reportaron 6,521 demandas, superando las 3,266 registradas en 2019.
“El 46% de las demandas se concentran en la administración central, mientras que el 25% se encuentran en las empresas públicas”, revela un informe oficial. “Desde 2020 el crecimiento promedio de los procesos judiciales es del 19.8% anual”, agrega.
De las 6,521 demandas, 4,197 corresponden a la jurisdicción laboral (64.36% del total), 2,076 a lo contencioso administrativo, 178 a lo civil, 32 a lo penal y 38 otras.
A diciembre de 2022 el Gobierno central reportaba 3,013 demandas y 1,627 las empresas públicas.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) es la que tiene la mayoría de los procesos judiciales con 1,289 (79% de las demandas de las empresas públicas).
Le sigue la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) con 245 demandas, 26 la Empresa Nacional Portuaria (ENP), 7 el Sanaa y 60 el resto de instituciones.
