El Gobierno busca echar a andar este mes dos de sus proyectos estrellas, según los analistas: la ley de generación de empleo y el acuerdo con el FMI.
El secretario del Congreso, Rigoberto Chang Castillo, informó junto a representantes de sectores económicos, laborales y campesinos que en julio y agosto se discutirán y aprobarán las seis iniciativas de ley para generar 600,000 nuevas plazas de trabajo en los próximos tres años.
En respuesta a las organizaciones sindicales que se oponen a la legalización del empleo temporal o por horas, Chang manifestó que no se sancionaría ninguna ley que disminuya, tergiverse o viole el Código de Trabajo, la Constitución y los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
El proyecto cuenta con el visto bueno de un gran sector inversionista nacional y extranjero, así como de los afiliados que conforman el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía.
El presidente de la Confederación Hondureña de Cooperativas, Francisco Ordóñez, dijo que “es muy saludable y plausible la idea del Congreso de generar empleos en los sectores rurales, urbanos y urbano-marginales con altos índices de pobreza”.
El jefe de la bancada nacionalista, Celín Discua, señaló que “lo más importante es que el hondureño más humilde cuente con un ingreso digno que le permita satisfacer sus necesidades y las de su familia”.
El jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, dijo: “Hemos decidido apoyar este paquete de leyes porque se va a generar realmente la oportunidad que muchos hondureños han estado esperando”.
El FMI
El ex ministro de Finanzas, Arturo Alvarado, señaló que en agosto el país estaría logrando la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y que a mediados de mes llegará una nueva misión de ese organismo.
“El Fondo deja entrever que hay buenas posibilidades de que una vez que el directorio conozca cuáles fueron los resultados de esa visita, se autorice a una misión para negociar un acuerdo, que puede ser de corto, mediano o largo plazo con el país, que es importante”.
Alvarado dijo que se necesita llegar a un acuerdo para reducir la partida de sueldos y salarios que para el Gobierno representa el 90 por ciento de los ingresos tributarios del Estado.
El ex funcionario estimó que esa reducción servirá para destinar recursos a fin de invertir en infraestructura y en programas para reducir la pobreza. Agregó que la misión también pidió la revisión de la reforma tributaria aprobada por el Congreso en abril.
