Por enésima vez, las finanzas públicas están bajo la lupa del Fondo Monetario Internacional, FMI.
A cinco días de iniciar la revisión semestral del acuerdo 'stand by', el representante del FMI en Honduras, Mario Garza, ha lanzado una advertencia al Gobierno: tomar las medidas necesarias para controlar la masa salarial.
Las declaraciones del funcionario han generado un nuevo debate sobre el futuro de las finanzas y sobre todo del compromiso de cerrar con un déficit fiscal neto de -2.5% del PIB.
La administración central se comprometió a cerrar el primer semestre de 2008 con un gasto en sueldos y salarios de 11,978 millones de lempiras, lo que de acuerdo con fuentes oficiales consultadas fue superado por una mayor erogación en remuneraciones, calculándose en 12,500 millones. La partida salarial para este ejercicio fiscal es de 24,512 millones de lempiras, que incluye sueldos, pago de cesantías y contribuciones patronales a los institutos de previsión social.
Para Benjamín Bográn, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, será muy difícil que el país se desarrolle con ese comportamiento del gasto en sueldos y salarios, porque no existen recursos suficientes para la inversión en infraestructura.
Agrega que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública han aceptado que cada año es más difícil cumplir con las demandas salariales establecidas en el Estatuto del Docente.
De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas, el número de empleados públicos es de 180,148, de los que alrededor de 120 mil laboran en la administración central y el resto en las instituciones autónomas y semiautónomas. De esa cantidad, casi 56 mil son profesores.
Condiciones
La administración del presidente Manuel Zelaya Rosales, de acuerdo con el programa económico aprobado el pasado 8 de abril en Washington, adquirió el compromiso de mantener la masa salarial en 9.2% del PIB en el presente año y 9.1% en 2009.
Para este fin, el Gobierno deberá cumplir el acuerdo alcanzado con los docentes en 2006, lo que significaba 7,200 millones en ajustes salariales hasta 2009.
Además, tendrá que otorgar incrementos para el resto de los empleados públicos en línea con la inflación proyectada -8 y 10%- y compensar incrementos en el empleo con jubilaciones y otras acciones consistentes con los hallazgos de los censos y auditorías para mantener el número de puestos de trabajo a niveles de diciembre de 2007.
Para estabilizar la partida de sueldos y salarios, la administración central tomaría acciones para profundizar los controles en las planillas mediante el establecimiento de una oficina centralizada para la gestión de planillas en la Secretaría de Finanzas.
Lo anterior requería la integración total de la gestión de planillas de los módulos de la Secretaría de Salud y del Servicio Civil al Sistema de Administración Financiera Integrada. Adicionalmente, practicar censos y auditorías en los sectores de salud y educación para recortar el personal supernumerario o eliminar la duplicidad de cargos.
En Nicaragua
Sindicatos, empresarios y el gobierno de Nicaragua iniciarán hoy negociaciones para revisar el salario mínimo, cuyo poder de compra se ha reducido ante una inflación del 11.76% en los primeros seis meses de 2008, según líderes gremiales y sindicales. Mientras la representación patronal anticipa una propuesta en torno al 10% de ajuste, conforme el nivel de inflación en el primer semestre, los sindicatos llegarán a la negociación con posiciones divididas que oscilan entre el 25 y el 53% de aumento. La propuesta del sector privado va a tomar en consideración la inflación de enero a junio, que fue del 11.76%, lo que permitiría recuperar el valor perdido de los salarios, declaró a la prensa el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri.
Aguerri demandó a las partes ser responsables con el empleo, además de tomar en cuenta el crecimiento económico del país, para establecer salarios acordes a la capacidad de pago de las empresas. El Frente Nacional de los Trabajadores -FNT, sandinista-, afín al Gobierno, demandará un incremento del 53%, que incluye la inflación a junio, más 'un colchón de amortiguamiento' para los próximos seis meses, según su dirigente, Gustavo Porras.
