San Pedro Sula, Honduras.
Los cigarrillos que entran de contrabando a Honduras no solo elevan los riesgos para la salud, también podrían estar financiando a organizaciones criminales, advierten las autoridades hondureñas.
Algunas marcas de cigarrillos de contrabando, que no pagan impuestos, son vendidas en Facebook Market por distribuidoras que están cometiendo este ilícito, a consumidores que desconocen que este producto entre sus ingredientes contienen aserrín de madera, azúcar e incluso han encontrado heces fecales de ratas y de otros animales, según estudios.
Más de 20 marcas no reconocidas legalmente o falsificadas, en su mayoría de origen chino o indio, se venden en diversos puestos callejeros y pulperías, cuyas cajas no tienen advertencias sanitarias y pictogramas que exige el Instituto Hondureño para la Prevención.
En el caso de los cigarrillos de contrabando, estos incumplen las disposiciones de la Ley Especial para el Control de Tabaco y las advertencias de salud autorizadas por el Instituto Hondureño para la prevención al Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (Ihadfa).
Evasión fiscal
En el 2019, el Estado perdió aproximadamente 329 millones de lempiras por evasión fiscal por comercio ilegal de cigarrillos. Ese año, el contrabando de cigarrillos en Honduras aumentó en 30%, es decir, que tres de cada 10 cigarros consumidos en el país vienen del contrabando, según estudios de la industria.
Los aumentos de impuestos sobre los cigarrillos que van mucho más allá de las tasas de inflación brindan a los fumadores el incentivo para buscar productos menos costosos. Los delincuentes se han aprovechado de esta tendencia al ofrecer productos de tabaco ilegales a un precio de descuento significativo en comparación con los productos legales. Una alerta que no debe pasar desapercibida por los consumidores.
Los delincuentes que comercian con el comercio ilícito y se benefician del mismo no distinguen entre los consumidores de ninguna manera. Al operar fuera de canales legales y regulados, el comercio ilícito de tabaco proporciona un fácil acceso a los productos de tabaco para los jóvenes, quienes no deben fumar ni usar productos que contengan nicotina.
Es así como los cigarrillos se encuentran entre los productos más traficados ilegalmente en el mundo. El mercado negro mundial de productos de tabaco es grande y está creciendo. Se estima que el valor del comercio ilícito de tabaco es mayor que el comercio ilícito de petróleo, vida silvestre, madera, bienes artísticos y culturales y diamantes de sangre combinados.
Los informes sugieren que el comercio ilícito de tabaco representa del 10 al 12% del consumo mundial de tabaco, lo que corresponde a un estimado de 400 a 460 mil millones de cigarrillos ilícitos.
Marcas autorizadas
“Las marcas que están legalmente autorizadas en el país para la producción, importación, distribución y comercialización de cigarrillos son Belmont, Dunhill, Pall Mall, Imperial, Royal, Viceroy, Malboro, L&M, Hobby, Esparta, Open y Bronco”, informó Lorena Hernández, jefa del Departamento de Operaciones Aduaneras de la Administra Aduanera de Honduras.
Estas marcas son legalmente autorizadas por la Administración Aduanera de Honduras, por lo que el Ihadfa ha autorizado la venta de este producto en el país, el cual debe tener impresa o pictogramas vigentes en el país, previa autorización de esta institución. El Ihadfa es el único ente que puede modificar y autorizar su impresión en las cajetillas, envases y paquetes de cigarrillos, así como su venta.
El contrabando, junto a la introducción ilegal, y marcas falsificadas forman parte del universo del comercio ilícito, una actividad criminal perseguida por las autoridades por los perjuicios económicos que le causan al Estado, así como comprobados daños a la salud pública.
Con relación a las penas por este delito, el abogado Melvin Duarte, director de comunicación institucional del Poder Judicial, explica: “En el delito de contrabando hay varios tipos de penas que dependen del monto, según especificado en el Código Penal. Las penas pueden ir en ascenso dependiendo de los montos que se presenten y el perjuicio que puede ocasionar al Estado, puede ir de 3 a 6 años, de 3 a 9 años o de 3 a 10 años, según los montos que son calculados por la dirección técnica correspondiente”.
