SAN PEDRO SULA. Otra de las hipótesis que la Policía investiga en torno a la muerte de Juan Elpidio Erazo (de 50 años), dueño de unidades de transporte del sector Rivera Hernández, es enemistades personales.
Autoridades policiales informaron que tampoco se descarta que el crimen contra Erazo, ocurrido la tarde del lunes en el sector Satélite de San Pedro Sula, sea por el cobro de extorsión.
Erazo era muy conocido en el sector Rivera Hernández y su crimen fue cometido por al menos tres hombres que lo esperaban en un yonker del que era propietario.
El crimen contra Erazo se da en el marco del estado de excepción, en el que ya han muerto de manera violenta siete empleados del transporte público en el valle de Sula.
Sigue el cobro
Elio Muñoz, dirigente de los taxis en el valle de Sula, dijo que el estado de excepción impuesto por el Gobierno para frenar el cobro de extorsión no ha funcionado, pues siguen siendo víctimas de ese delito.
“De nada ha servido que hayan estado deteniendo a infinidad de personas cuando en realidad al siguiente día los tienen que soltar porque la ley dice que detener una persona y si no tiene ningún delito que se le compruebe, si no hay testigos y nadie que lo acuse tiene que ser puesta en libertad inmediatamente. Ellos mismos (las autoridades ) reconocen que por el delito de extorsión no hay nadie preso”, dijo Muñoz.
Lamentó que las autoridades policiales poco o nada harán mientras los afectados en el tema de la extorsión no se involucren. “Pero la gente no quiere cooperar porque no le tienen confianza a las autoridades policiales por los antecedentes que ya todos sabemos, que estaban infiltradas con personas que desde adentro estaban participando en la comisión de delitos. Uno teme dar una información concreta porque al día siguiente lo pueden ir a matar”, dijo.
“Acá todo mundo paga extorsión, no es cierto que han bajado los índices, que digan a quiénes y a dónde, porque para decir que ha dado resultados es fácil, pero que digan cuáles son las personas que han detenido y que sí está demostrado que están involucrados en el delito de extorsión, todos los transportistas están pagando, todo mundo está pagando”, aseguró Muñoz.
Refirió que solo en enero han sido asesinadas siete personas del transporte. Nelson Fernández, otro de los dirigentes del transporte público en San Pedro Sula, aseguró que “se sigue pagando normal. Estamos esperando que el estado de excepción dé los resultados, esperando si hay algún desarme”.
El dirigente del transporte dijo que no se hicieron los cambios en el Congreso Nacional para que los que cayeran presos se pudieran juzgar. “En un estado de excepción debe haber un desarme, nadie tiene que andar armado y debe haber un cambio en la legislación para que apliquen penas severas para el que ande contrariado a la ley”, pidió Fernández.
La extorsión sigue teniendo de rodillas a los dueños de negocios, empresas y transportistas.
