SAN PEDRO SULA.
Su expediente indica que hubo varios meses de seguimiento, análisis financieros y patrimoniales para establecer cómo de ser un hombre sencillo, de una familia humilde y trabajadora, pronto montó un imperio que lo llevó a tener
empresas dedicadas a la construcción, transporte de carga, petróleo, mineras y negocios diversos tanto en los departamentos de
Cortés como
Copán.
Tras documentar el caso, se presentó el requerimiento fiscal y la solicitud de allanamientos para el aseguramiento de bienes (
incautación preventiva), pero los agentes de narcóticos señalan que no imaginaron la dimensión de los bienes que poseía el clan Benítez.
Uno de los proyectos que impulsaron fue la cantera de hierro ubicada en
El Níspero, Santa Bárbara, donde extrajeron óxido de hierro.
De ser un motorista de la Secretaría de Salud en Copán, Rigoberto Benítez (62 años) es acusado de amasar una impresionante fortuna.
Su historia había sido un ejemplo hasta que fue acusado, en noviembre pasado, de hacer crecer su imperio usando dinero vinculado al crimen organizado, según señala una investigación que la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) inició contra él y su familia en 2014.
| Auto de formal procesamiento se dictó a Rigoberto Benítez Guerra, Amanda Edith Palma Barnica, Rigoberto Glenda y Héctor Maximiliano Benítez
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“Desde que se recibieron denuncias que orientaban a que el patrimonio que construyó la familia Benítez venía de fondos ilícitos se comenzó la investigación”, señala en su informe la DLCN.
“Los cruces establecieron que había mezcla con fondos del narcotráfico”, explicó uno de los agentes que lo investigaron.
| Rigoberto Benítez Guerra Edad: 62 años Ciudad: Santa Rosa de Copán Profesión: Motorista Cargo:Dueño de empresas de servicios, transporte, petróleo y de explotación minera. Le decomisaron empresas y bienes en la operación Arcano, que dirigió contra su familia el Ministerio Público
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“Puedo decirle que de todos los aseguramientos que hasta ahora se han realizado en el país este es el más grande.Es una cantidad de equipos, bienes y empresas que juntos todos alcanzan los 1,000 millones de lempiras”, dijo un analista financiero a la Unidad de Investigación de LA PRENSA.
La historia
Rigoberto Benítez era un motorista en la Región de Salud número cinco, donde se ganaba la vida para mantener a su familia. Poco a poco empezó a formar su capital. Arrancó vendiendo cemento, que ofrecía a un precio más bajo que en el mercado, y eso le permitió incursionar en los negocios.Le fue tan bien, relatan sus vecinos, que en el año 1992 se constituyó formalmente como empresario con Transportes Benítez, empresa que en el 2002 cambió su razón social y pasó a llamarse Inversiones y Comercializadora Benítez (Incobe).
“En poco tiempo crecieron, incluso se extendieron por Centroamérica ofreciendo servicios. Llegaron a tener más de 200 unidades”, detalló el agente.
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La cantera contaba con reservas de ocho millones de toneladas métricas y tenían proyectado que en un término de cinco años podrían ser extraídas y exportadas.Pero además, según las investigaciones, Incobe contaba con una cantera de yeso que producía material para una cementera de Honduras y otra de El Salvador.
Sus actividades también se enfocaron en el transporte de combustibles, ofrecían servicio de desembarque portuario, transporte y logística a los diferentes puntos centroamericanos que se requerían, transporte de agroquímicos y de productos agrícolas.
Preocupación
Pero los trabajadores de la familia Benítez resienten que la operación Arcano los dejó sin empleo. Aseguran que se les prometió la cancelación de sus derechos, pero quedan sin su fuente de ingresos, y eso les preocupa.“Pedimos que nos dejen la posibilidad de seguir trabajando, muchos tenemos años trabajando para la familia y perder el trabajo de la noche a la mañana nos pone en una encrucijada”, dijo Damián Figueroa.
La operación Arcano golpeó a una de las presuntas estructuras que, según las autoridades, es la que “más lavó dinero ilícito con la adquisición de empresas, traspasos, traslado de activos, entre otros, sin justificación económica o de lícita procedencia, dice la acusación”.Pese a los aseguramientos y capturas, investigadores de la DLCN aseguran que siguen con otras líneas de investigación.
