El próximo martes se inicia el llamado 'juicio de los microempresarios' donde además de Óscar Kilgore aparecen involucrados Serapio Umanzor Díaz, Ingmar Gonzáles Figueroa, Julio César Valdez y Rubén Bonilla, informó el vocero de la Fiscalía.
De acuerdo con la fiscal Telma Mejía, este nuevo caso contempla los cargos de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos públicos.
El registro de los hechos del expediente sitúa a estos funcionarios recolectando tarjetas de identidad pertenecientes a varios ciudadanos a quienes se les decía que las mismas las ocupaban para fundar un nuevo partido político; sin embargo, luego fueron utilizadas para redactar contratos de trabajo en distintos proyectos de infraestructura a espaldas de ellos ya que los cobros por esas obras los efectuaban otras personas falsificando las firmas de los legítimos dueños de los documentos.
El juicio antes mencionado había sido sobreseído por el juez que lo conoció en primera instancia, pero la Fiscalía recurrió en amparo ante La Corte de Apelaciones y esta judicatura de alzada aceptó ese recurso, y por mayoría de votos decidió remitirlo de nuevo al tribunal penal unificado con auto de prisión incluido.
Frente a esta situación, el defensor de Kilgore, Ruben Solano Parada, reaccionó molesto porque considera que los derechos del ex alcalde fueron conculcados por los togados de la Corte, pues en ese expediente el juez que conoció del mismo registra un dictamen final según el cual Kilgore no malversó fondos públicos ni tuvo bienes públicos bajo su custodia.
Establece además que la Fiscalía no presentó prueba alguna que involucre al ex edil en la comisión de dichos delitos.
Según Solano, en ese caso cada defensor rezará por su propio santo, él responde por su defendido, no por otros.
La audiencia había sido prevista para que coincidiera con el juicio de los veinte millones de lempiras que un banco local concedió a Kilgore sin el suficiente respaldo legal, según el parecer de los jueces y por el cual Kilgore fue encontrado culpable de abuso de autoridad.
No fue por actos de corrupción y sin embargo el tribunal compuesto por dos hombres y una mujer lo envió a la cárcel negándole las medidas sustitutivas. Según observadores litigantes de los juzgados, este caso de los microempresarios sí entraña seria amenaza de cárcel para los implicados toda vez que la Fiscalía logre acreditar los delitos allí imputados.
