San Pedro Sula, Honduras.
El juicio oral y público que se sigue contra cuatro exdirectivos de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) concluirá hoy con el fallo que darán los jueces.
Los enjuiciados son German Gerardo Ayala Alvarenga, Roberto Arturo Castillo, Ramón Francisco Mejía Reyes y Florentina Carmen Jovel Moreno, a quienes se les presentó requerimiento fiscal por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
A los enjuiciados se les acusa de malversar 275,000 lempiras que fueron otorgados para la construcción de la sede regional de fútbol del norte, obra que no fue ejecutada.
Al debate acudió ayer Rubén Darío Mateo Galán, testigo propuesto por la Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, quien fungió como presidente de la Comisión Nacional de Disciplina.
Mateo Galán en su declaración dijo que sí tuvo conocimiento del desembolso del dinero y recordó que quienes formaban parte de la junta directiva que recibió el efectivo eran German Ayala, Florentina Carmen Jovel y la victimada Xenia Esther Moya. Refirió que a los otros dos enjuiciados no los conoce.
Indicó que ese caso así como otros los conoció de oficio la Comisión Regional de Disciplina para luego pasar a la Comisión Nacional.
Otro de los testigos citados por el Ministerio Público fue Alfredo Hawit Banegas, secretario de la Fenafuth, pero no compareció, ya que se encuentra en República Dominicana. La Fiscalía renunció a dicho testigo al igual que los abogados defensores.
Los agentes fiscales pretenden demostrar que los L275,000 fueron malversados y para ello presentaron ayer ocho medios de prueba documentales que fueron evacuadas por exhibición, al igual que las propuestas por los abogados defensores.
En una auditoría presentada por el Ministerio Público, dicha suma de dinero fue depositada en varias cuentas bancarias a plazo fijo, cuyos intereses generados no se percibieron.
El dinero fue sacado del banco y entregado a German Gerardo Ayala para supuestamente protegerlo de un embargo, ya que la regional del norte tenía demandas en el Juzgado de lo Civil.
El juicio oral y público que se sigue contra cuatro exdirectivos de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) concluirá hoy con el fallo que darán los jueces.
Los enjuiciados son German Gerardo Ayala Alvarenga, Roberto Arturo Castillo, Ramón Francisco Mejía Reyes y Florentina Carmen Jovel Moreno, a quienes se les presentó requerimiento fiscal por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
A los enjuiciados se les acusa de malversar 275,000 lempiras que fueron otorgados para la construcción de la sede regional de fútbol del norte, obra que no fue ejecutada.
Al debate acudió ayer Rubén Darío Mateo Galán, testigo propuesto por la Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, quien fungió como presidente de la Comisión Nacional de Disciplina.
Mateo Galán en su declaración dijo que sí tuvo conocimiento del desembolso del dinero y recordó que quienes formaban parte de la junta directiva que recibió el efectivo eran German Ayala, Florentina Carmen Jovel y la victimada Xenia Esther Moya. Refirió que a los otros dos enjuiciados no los conoce.
Indicó que ese caso así como otros los conoció de oficio la Comisión Regional de Disciplina para luego pasar a la Comisión Nacional.
Otro de los testigos citados por el Ministerio Público fue Alfredo Hawit Banegas, secretario de la Fenafuth, pero no compareció, ya que se encuentra en República Dominicana. La Fiscalía renunció a dicho testigo al igual que los abogados defensores.
Los agentes fiscales pretenden demostrar que los L275,000 fueron malversados y para ello presentaron ayer ocho medios de prueba documentales que fueron evacuadas por exhibición, al igual que las propuestas por los abogados defensores.
En una auditoría presentada por el Ministerio Público, dicha suma de dinero fue depositada en varias cuentas bancarias a plazo fijo, cuyos intereses generados no se percibieron.
El dinero fue sacado del banco y entregado a German Gerardo Ayala para supuestamente protegerlo de un embargo, ya que la regional del norte tenía demandas en el Juzgado de lo Civil.
