A las 3.00 de la tarde de hoy, la jueza Argentina Valladares dará la resolución de la audiencia inicial que se realizó ayer en contra del alcalde sampedrano Rodolfo Padilla y los ex funcionarios, Marco Antonio Bermúdez y Luis Alonso López.
A Padilla, la Fiscalía contra la Corrupción lo acusa por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
A los ex funcionarios la fiscalía los vincula en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Ayer, en la audiencia inicial, el fiscal contra la corrupción Luis Miguel Lara citó a al auditor del Ministerio Público, Wilson Salinas, quien llegó y les explicó cómo es el proceso y qué requisitos deben seguir para realizar compras en la municipalidad, siendo éste una de las pruebas para demostrar el delito cometido.
El Ministerio Público solicitó a Valladares la suspensión del cargo de Padilla y también pidió auto de prisión con las medidas de no salir del país y presentarse periódicamente a los juzgados para el edil sampedrano y los otros dos imputados.
El abogado defensor de Padilla, óscar Mejía, solicitó a Valladares sobreseimiento definitivo, al igual que René Altamirano y José María Arriola, defensores de los ex funcionarios.
En la audiencia de declaración de imputados realizada el 30 de mayo, al edil no se le impuso ninguna medida cautelar.
Contrario al ex auditor Luis Alonso López y al ex tesorero, Marco Antonio Bermúdez a quienes se les dictó la medida cautelar de no salir del país, sin la autorización judicial. La audiencia estaba programada para el 11 de junio, pero se suspendió porque el defensor del ex tesorero presentó una incapacidad.
Antecedentes
La municipalidad compró a la imprenta Borjas un lote de papelería para ser usada por tesorería, finanzas y la superintendencia de participación ciudadana, además, parte de esa papelería fue utilizada para boletas de peaje.
Dicha imprenta es propiedad de la esposa del ex tesorero y de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado, es incompatible que la comuna le compre a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, razón por la cual se denunció al alcalde por haber firmado 13 cheques del pago de papelería, que sumaban 700 mil lempiras.
Sigue
La pena por el delito de abuso de autoridad es de 3 a 6 años de prisión, explicó el apoderado legal del edil sampedrano.
