La madrugada del domingo, el expolicía depurado Orlin Sarmiento y el excandidato a la alcaldía de Santa Rosa de Aguán Ricardo Antúnez, murieron al enfrentarse a balazos tras una discusión en una discoteca del municipio de Sonaguera, Colón. Cada uno portaba un arma de fuego, prohibidas en Colón.
Empresarios, alcaldes y fuerzas vivas se preguntan por qué hay tanto asesinato en el Bajo Aguán si es el único departamento con el decreto 117-2012, que prohíbe la portación de armas de fuego en Colón, vigente desde el 2013.
Con estos dos nuevos homicidios con arma de fuego ya superan las más de 150 muertes violentas en el departamento en lo que va de 2023.
“Es evidente que el decreto ha fracasado. Los delincuentes están armados y las personas honestas desarmadas”, dijo Mario Planas, alcalde Bonito Oriental, durante una reunión para programar protestas con el fin de exigir la abolición de dicho decreto.
A raíz de los múltiples hechos violentos en el Bajo Aguán, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, lanzó ayer lunes la operación Candado en el departamento de Colón y el municipio de Olanchito, Yoro.
“Estamos lanzando la operación Candado con la intención de replicar los resultados obtenidos en la operación en el Distrito Central, el valle de Sula, y litoral atlántico que tan buenos resultados nos han dado”, apuntó Sánchez.
Son más de 400 funcionarios de seguridad que realizarán patrullajes a pie, retenes fijos, saturaciones por medio de vehículos radiopatrulla, con allanamientos de morada que se presume funcionan como centros de control de grupos delictivos organizados.
Estas acciones son ejecutadas con el fin de erradicar los grupos delictivos organizados, evitar la comisión de faltas, delitos y atentados contra la vida, según las autoridades.
Desde 2013 que entró en vigencia el decreto que prohíbe portar armas de fuego, en Colón se han registrado un poco más de 2,000 asesinatos, en su mayoría con arma de fuego. Además, han aumentado los asaltos a carros repartidores.
En los últimos dos años, empresarios, autoridades departamentales y fuerzas vivas iniciaron una lucha para exigir la eliminación del decreto.
Luego del lanzamiento de la operación Candado, el ministro de Seguridad se reunió con Adán Fúnez, alcalde Tocoa, y otras autoridades departamentales para tratar diversos temas, entre estos el decreto de prohibición de armas.
