Alexander Anderson Chávez Hernández, alias “Brócoli”, fue condenado a 15 años de prisión y al pago de una multa de 10 mil lempiras por el delito de extorsión, luego de que se acreditara su vinculación con la pandilla 18 y el cobro de dinero a transportistas de distintas rutas del norte de Honduras.
La sentencia fue emitida por el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula, mediante un Acuerdo de Estricta Conformidad.
Según el expediente, Chávez Hernández se desempeñaba como motorista de buses y habría utilizado su posición dentro del sector transporte para facilitar las acciones de la estructura criminal.
Las investigaciones establecieron que el ahora condenado habría operado durante aproximadamente seis años en el municipio de La Lima, Cortés. Su actividad como conductor le habría permitido conocer el funcionamiento de las empresas y mantener contacto directo con otros trabajadores del transporte, información que presuntamente aprovechaba para ejecutar los cobros extorsivos.
Entre los afectados se encontraban transportistas que cubrían rutas entre La Lima, la colonia La Planeta y San Pedro Sula, así como El Progreso, quienes eran obligados a entregar determinadas cantidades de dinero bajo amenazas.
La captura de Chávez Hernández se produjo el 17 de febrero de 2026, durante un operativo desarrollado por agentes de la Policía Nacional en el bulevar del este, a la altura de la colonia Jerusalén.
Durante la intervención, los agentes le decomisaron dinero en efectivo, un teléfono celular y la unidad de transporte que conducía, elementos que fueron incorporados a las investigaciones relacionadas con las actividades de extorsión.
La Fiscalía sostuvo el caso bajo las disposiciones de las reformas al Código Penal relacionadas con la extorsión cometida bajo la modalidad de terrorismo, cuya aplicación contempla sanciones más severas para quienes participen en este tipo de estructuras y actividades criminales.
Con esta resolución, las autoridades destacan el resultado de las investigaciones dirigidas a identificar a personas que, aprovechando su pertenencia al sector transporte, colaboran con organizaciones criminales para facilitar el cobro de extorsiones y ejercer presión sobre trabajadores y empresarios del rubro.
