Alrededor de 211.5 millones de lempiras que fueron incautados a bandas delictivas se han repartido entre instituciones que luchan frontalmente contra la delincuencia y otras que brindan asistencia social en aplicación de la Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautados.
Los fondos fueron desembolsados en dos etapas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, entidad del Ministerio Público, MP, que custodia los recursos decomisados a los criminales.
La Secretaría de Defensa recibió 50.5 millones de lempiras, más un millón de dólares (equivalentes a cerca de 19 millones de lempiras), para un total en lempiras de más de 69.5 millones.
El Ministerio Público recibió igual cantidad en lempiras y en dólares que Defensa.
La Secretaría de Seguridad se benefició con 50.5 millones de lempiras y una suma adicional de 1,190,000 dólares, es decir, cerca de 22 millones de lempiras. Estos recursos para Seguridad suman en total 72.5 millones de lempiras.
Para el proyecto Bono 10,000 se destinaron casi 20 millones de lempiras, lo mismo que para la Secretaría de Desarrollo Social.
El principal objetivo de este dinero fresco es el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, en vista de la limitada logística de la Fiscalía, Seguridad y Defensa, instituciones a las que se aprobó un mayor porcentaje de ayuda, dijo el director de la OABI, Omar Zúniga.
En la ley existe un artículo que obliga a las entidades receptoras de los fondos a hacer una liquidación de los gastos. “Es un proceso al que nos aprestamos (auditoría de los recursos). Desconozco si lo piensa hacer la OABI o directamente el Ministerio Público, pero en todo caso es una facultad del Ministerio Público”, indicó Zúniga.
Parte de este dinero repartido que estaba bajo la administración de la OABI ya era propiedad del Estado, según sentencias judiciales, pero otras cantidades sólo estaban bajo custodia y en espera de que la justicia determine si se lo acredita al Gobierno o se le devuelve a sus dueños a quienes se le decomisó.
En caso de que una persona acredite la legítima propiedad de los fondos, la Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautados constituye al Estado como aval de esos recursos para que pueda garantizar que se devolverán. El funcionario consideró que este tipo de normas sirven para equilibrar un poco las fuerzas “en esta guerra” con el crimen organizado.
El Ministerio Público cuenta con un presupuesto de 840 millones de lempiras y a la Secretaría de Seguridad se le asignaron 3,110 millones.
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, dijo que parte de los fondos que se recibieron ya se han invertido en la compra de cierto equipo menor.
“Ya se hizo la primera acción de desembolso y se han comprado los chalecos y conos (nuevos, color amarillo limón)”, aseguró.
