Tegucigalpa, Honduras.
Autoridades judiciales hondureñas exhumaron los restos de cinco personas en el Bajo Aguán, una zona de conflicto por la tierra entre campesinos y terratenientes que desde 2010 dejó 147 muertos, informó este miércoles un organismo humanitario.
'El lunes anterior se exhumaron dos cuerpos y ayer (martes), tres en el inicio de las operaciones de la Unidad Especial de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán', dijo a la AFP, vía telefónica, el miembro del Observatorio de Derechos Humanos, Heliberto Alemán.
Alemán, quien participa en la investigación, agregó que las exhumaciones tuvieron lugar en la zona próxima a la ciudad de Tocoa y al puerto de Trujillo, en el Caribe, unos 600 km al noroeste de la capital, y continuarán en busca de unos 15 cuerpos.
El pasado 27 de febrero el fiscal general, Oscar Chinchilla, y el jefe de la policía, Ramón Sabillón, anunciaron la integración de la unidad para investigar al menos 147 asesinatos, aún impunes, ocurridos en el Valle del Aguán por disputas de tierras entre campesinos y guardias contratados por terratenientes.
Chinchilla dijo que existen varias hipótesis: 'que son los terratenientes los que han tenido que ver en la mayor parte de las muertes (...), que son conflictos entre los mismos campesinos (...) o que hay participación del crimen organizado'.
'Las exhumaciones son para judicializar los casos de muertes no solo de campesinos, sino también de guardias de seguridad', añadió Alemán.
El pasado 12 de febrero, el director de la organización Human Rights Watch (HWR), el chileno José Miguel Vivanco, consideró 'gravísima' la impunidad que aun rodea la muerte de campesinos del Bajo Aguán debido a la ausencia de investigaciones.
Relató que el conflicto surgió en 2010 tras una reforma agraria que permitió a campesinos venderle a terratenientes grandes parcelas de tierra cultivadas de palma africana, pese a la oposición de las comunidades beneficiadas que administraban sus parcelas de forma colectiva.
Muchas comunidades acudieron a tribunales para impugnar la legitimidad de las reformas. En represalia, los campesinos fueron objeto de 'golpizas y asesinatos', así como intimidación, amenazas y violencia por parte de guardias de seguridad privada contratados por los terratenientes, denunció Vivanco.
También denunció que se pudo comprobar que miembros de fuerzas de seguridad pública llegados a la zona para restablecer el orden, realizaron detenciones arbitrarias, torturas y desalojos forzados de campesinos. AFP
