Gustavo Sánchez Velásquez, director de la Policía Nacional, informó hoy que la Operación Posmura-Guaimoreto, cuyo estado de excepción se estableció durante 10 días, se extenderá por tres meses en el departamento de Colón.
Fue la presidenta Xiomara Castro quien declaró el estado de excepción en el departamento de Colón e instruyó a la Policía Nacional a que restringiese la circulación de personas en la zona.
Las víctimas mortales viajaban en una patrulla de la Policía Nacional que fue atacada por un grupo de hombres, que bajaron a los policías del vehículo y luego les dispararon. Los policías asesinados fueron identificados como Jairo Posadas y Juan Murillo, ambos de 37 años, y Jonathan Ramos (27).
El jefe policial destacó que a raíz de los fuertes operativos se han obtenido resultados importantes, que incluye masivo decomiso de armas, decomiso de drogas, erradicación de plantaciones de hoja de coca y desmantelamiento de narcolaboratorios.
Sánchez Velásquez lamentó la muerte de los últimos cinco funcionarios policiales que murieron durante el ejercicio del deber: tres de ellos que fueron emboscados y asesinados el pasado 24 de abril en una área solitaria de la comunidad de Agua Amarilla, de Trujillo, Colón, así como un cuarto durante un enfrentamiento contra la banda de Mito Padilla en Guayape, Olancho, y un último en Masaguara, Intibucá, ambos hechos suscitados ayer lunes.
El director de la Policía aseguró que tienen identificados a quienes ultimaron a los tres agentes en Colón y que como institución no descansarán hasta capturar a todos los responsables.
A raíz de lo acontecido en las últimas semanas, la Policía hondureña afirmó que será “enérgica en el combate a la criminalidad y no vamos a tolerar este tipo de actuaciones que ponen en peligro la estabilidad de la seguridad ciudadana, por lo que no descansaremos hasta capturar a quiénes cometieron este asesinato”.
La entidad se solidarizó con los familiares de las víctimas. El conflicto se concentra particularmente en el sector del Bajo Aguán, donde campesinos exigen tierras al Gobierno, que ha comprado unas 4,400 hectáreas, muchas de ellas cultivadas con palma africana, y las ha otorgado a dos movimientos de labradores organizados.
