¡Viva se la llevaron, viva la queremos!, resonaba en los megáfonos de las organizaciones LGTBI que este lunes se plantaron frente a la primera estación de la Policía Nacional para exigir a las autoridades que aceleren las diligencias investigativas en el caso de Cristina Portillo, una mujer trans que fue raptada de su negocio el 24 de noviembre.
De acuerdo con Josiris Portillo, hermana de Cristina, esta se encontraba en su negocio, ubicado en la Rivera Hernández, cuando cuatro hombres armados, que vestían uniformes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (Dipampco), ingresaron por la fuerza al establecimiento alegando que se trataba de una inspección.
Las hermanas no opusieron resistencia y dejaron que los hombres revisaran el lugar. Luego, estos procedieron a tomar fotografías de un joven que se encontraba en el bar, le colocaron las esposas y se lo llevaron junto con Cristina para “efectos de investigación”, mientras que a Josiris la despojaron de su celular y su tarjeta de identidad.
Minutos más tarde, Josiris, quien es abogada de profesión, acudió a las oficinas de la Dipampco para apoyar a su hermana, pero se encontró con que no habían realizado ninguna detención en ese sector y desde entonces se desconoce su paradero.
Ese mismo día se procedió a interponer la denuncia, pero no fue aceptada como secuestro hasta el lunes siguiente, cuando la familia de Cristina recibió un mensaje donde les exigían L300,000 a cambio de su liberación, por lo que la Policía asignó un equipo de la Unidad Antisecuestros al caso.
No obstante, cuando se solicitó una prueba de vida a los malhechores, estos no volvieron a contactarse, por lo que familiares y amigos de la sampedrana ahora temen por su vida.
A la búsqueda de Cristina y el joven que se encontraba en su negocio, identificado como Joshua, se han sumado varias organizaciones LGTBI de la zona norte, que a falta de avances en la investigación han decido alzar la voz para que las autoridades de la Secretaría de Seguridad prioricen el caso.
Mientras que Osman Lara, presidente del Comité LGTBIQ+ del Valle de Sula, reveló que Cristina ya había recibido amenazas de odio, “por el hecho de ser una mujer trans” y denunció que tuvieron que esperar varios días para que la Policía tomara la denuncia como un secuestro.
“La denuncia se puso una hora después, pero la querían poner como robo con arma, cuando en realidad se trataba de un secuestro. Exigimos que nos devuelvan con vida a nuestra compañera”, expresó.
Por su parte, Ronald Posada, vocero de la Policía en San Pedro Sula, informó que están trabajando en el caso desde que se interpuso la denuncia, pero que ahora le corresponde al Ministerio Público asignar a un agente de investigación para que retome y acelere las diligencias que permitan dar con el paradero de Cristina.
Agregó que la Policía está abierta a colaborar con las organizaciones LGTBI y el Ministerio Público para encontrar a la conocida activista trans que fue raptada de su negocio ubicado en la colonia Brisas del Sauce, sector Rivera Hernández.
