02/12/2025
02:15 PM

Exigen al Estado investigar la desaparición de mujeres

Los últimos casos reportados son los de las jóvenes Eylin Perdomo y Heilyn Beltrán, ambas desaparecidas en Cortés hace tres semanas

San Pedro Sula

Pese a la creación de leyes, instituciones y protocolos, el número de personas que desaparecen en Honduras no hace más que aumentar.

Aunque la desaparición forzada no distingue género, son las mujeres quienes en los últimos meses han sido las principales víctimas, poniendo en el mapa la necesidad imperante de que el Estado tome acciones más agresivas para combatir el flagelo de violencia e inseguridad que enfrenta este sector de la sociedad.

Ayer, padres de familia en compañía del Foro de Mujeres por la Vida protestaron frente al Ministerio Público (MP) para exigir investigar la desaparición de dos féminas, reportadas desde el pasado mes de septiembre. Una de las jóvenes es Heylin Kristel Beltrán (12 años), que desapareció el 21 de septiembre en la colonia López Arellano, Choloma, mientras se supone iba a comprar a una pulpería de la zona.

“Dicen las autoridades que hay sospechosos, pero no se sabe nada en concreto, solo dicen que hay requerimientos; pero es todo”, dijo Yolany Villafranca, madre de Heylin.

La otra víctima es Eylin Perdomo (24 años), quien fue vista por última vez el 18 de septiembre en Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa. Familiares pusieron a disposición el número 3217-7795 para que la población brinde información del paradero de la muchacha, pero hasta el momento no tienen ninguna pista.

Ninguno de los casos ha sido catalogado por las autoridades policiales como secuestro porque nadie se ha comunicado con los familiares para exigir dinero, situación que aumenta las preocupaciones.

Crimen organizado

Para Leonardo Pineda, experto y analista en asuntos de desaparición, muchas de estas desapariciones pueden estar ligadas a la trata de personas o con bandas que por alguna razón raptan a las víctimas, las matan para luego enterrarlas en cementerios clandestinos.

Lamentó que la mayoría de estos casos, casi el 90%, quedan en la impunidad en el país, pues no hay prioridad por parte de las autoridades para darles continuidad, en parte por no contar con los equipos necesarios.