Después de una serie de jornadas de planificación con el equipo técnico conformado por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la municipalidad, se inició la nueva delimitación en la cota 200.
El Congreso Nacional derogó el decreto 334-2013, que modificaba el original 46-90 referente a la protección de El Merendón, lo que generó una serie de protestas de patronatos, inversionistas y personas que resultaban afectadas.
La municipalidad sampedrana igualmente se pronunció, pues los proyectos y obras aprobados en los últimos 13 años, cuando tuvo validez el decreto 334-2013, se tuvieron que paralizar. Esto genera pérdidas millonarias y ahuyenta inversión, dejando más de 22 proyectos detenidos.
A raíz de esa situación y la desinformación en los sectores afectados, la municipalidad, junto con el ICF, varias instituciones y algunos diputados, procedieron a socializar la derogación del decreto y sus alcances. Esta acción debió realizarse antes de la derogación, a juicio de los pobladores.
La directora regional del ICF, Suyapa Otero, explicó que los trabajos comenzaron el martes y se estima que el proceso de delimitación en campo llevará aproximadamente unas tres semanas.
Manifestó que están trabajando tres cuadrillas conformadas por ingenieros forestales, ambientales, licenciados en recursos naturales y biólogos, quienes se están encargando del diagnóstico biofísico del área.
La directora del ICF indicó que los sectores priorizados son Cofradía, Armenta y El Zapotal.
Por su parte, el alcalde Roberto Contreras detalló que empezó el proceso de redefinición de la cota 200. “La municipalidad está apoyando con 30 empleados municipales y se comenzó en los altos de Cofradía, a la altura de la colonia La Fortaleza”, dijo.
Con este proceso de socialización y la acción, se están evitando la toma de carreteras, en vista de que más de 77 comunidades se ven afectadas con la derogación del decreto 334-2013.
Ya se hizo el acercamiento tanto de los productores de El Merendón como de los urbanizadores en la reunión para socializar.
Por su parte, Ariel Santos, presidente de la Asociación de Urbanizadores y Desarrolladores de Honduras, expresó que es importante comenzar a revisar esa delimitación porque hay incertidumbre en los inversionistas.
“La impresión sobre el decreto derogado es que prácticamente ha sido impuesto por parte del Congreso, pues no se socializó y afecta una serie de desarrollos que están apegados a la ley. Propusimos que el decreto sea vetado por la presidenta Castro mientras se mantenga el actual”, enfatizó.
